Los grupos empresariales de Chiriquí hicieron un llamado al Gobierno Nacional, a los productores que ocupan tierras nacionales en las antiguas fincas bananeras y a los propietarios de tierras individuales a sentarse a dialogar para encontrar un consenso que ponga fin a las diferencias.
Esto con el fin de que se pueda retirar la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el contrato entre el Estado y Banapiña de Panamá S.A., filial de la transnacional Del Monte.
La presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriquí, María Isabel Anguizola, en representación también de Apede, Cecomro y las Cámaras de Comercio de Paso Canoas y Barú, dijo que preocupa la demanda porque podría tirar por tierra la inversión de 100 millones de dólares para reactivar el banano en Barú, en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.
Para Camilo Brenes, representante de Apede, es imperativo promover el desarrollo y estimular la inversión en Barú.
Brenes consideró que la demanda interpuesta pone en riesgo la inversión en esa zona de producción bananera del país.
