Con esa medida, precisa la disposición oficial guatemalteca, se busca reducir las posibilidades de posibles represalias o atentados en contra de los exfuncionarios por parte de los grupos criminales que combatieron durante su mandato.

La primera dama de Nicaragua y coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, dijo que Ortega festejará el 11 de enero los “cinco años en la Alba luminosa de los pueblos”.

Estambul.

Ilker Basbug, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, como sospechoso de participar en un complot militar para debilitar al Gobierno, según informaron los medios locales.

EFE

“Los controles clínicos y los estudios de laboratorio realizados se encuentran dentro de los parámetros normales”, agregó el escueto parte médico, leído en las puertas del hospital Austral por el portavoz gubernamental, Alfredo Scoccimarro, que no admitió ninguna pregunta.

El próximo canciller del país, Harold Caballeros, quien junto con el ministerio guatemalteco de Relaciones Exteriores coordina las actividades relacionadas con el traspaso de mando, informó que el costo de la investidura incluye los gastos de hospedaje, transporte y alimentos de los invitados especiales.

“Tenemos que renovar nuestra fortaleza económica que es el sustento de nuestra fuerza en el mundo”, declaró el presidente Barack Obama en una comparecencia muy poco frecuente en la sala de prensa del Pentágono.

Las inundaciones y los derrumbes causados por las precipitaciones han dejado en la última semana al menos siete muertos, un desaparecido y 43,000 desplazados en los estados de Minas Gerais, Río de Janeiro y Espírito Santo.

Las víctimas se produjeron en el penal del municipio de Altamira, en Tamaulipas (norte del país), una región de alta conflictividad que desde comienzos de 2010 es escenario de una pelea por controlar ese área entre los carteles de “Los Zetas” y el “Golfo”.

El ELS, compuesto por miembros desertores de las Fuerzas Armadas sirias, había mantenido hasta ahora que su objetivo principal era proteger a los manifestantes civiles que reclaman en las calles la renuncia del presidente, Bachar al Asad, desde el pasado marzo.

El director encargado de la Policía, el general José Roberto León Riaño, informó que en la zona se desplegó un operativo por orden del Gobierno, que ha permitido detener a 11 personas involucradas en la distribución de las octavillas.

En la sesión del juicio, el Ministerio Público solicitó la aplicación de “la máxima pena a los acusados por el crimen de asesinato premeditado, cuyo castigo es la muerte”, según informó uno de los abogados de la acusación, Ashraf Atwa.