Para que las personas sean beneficiadas con esta pensión vitalicia, deben firmar un finiquito que los compromete a no realizar reclamos por daños y perjuicios en la esfera civil.

La pensión fue fijada entre 235 dólares y mil 250 dólares, y estará dirigida para menores, adultos y jubilados o pensionados, ya sean asegurados o no asegurados.

Ayala destacó que el cierre de los cursos se debió a la escasa presencia de los estudiantes, ya que según el reglamento interno, “deben asistir como mínimo 30 estudiantes por curso”. Manifestó que la inasistencia afecta a los propios estudiantes y no a la universidad porque son cursos autofinanciables que cubren los interesados con el pago de la matrícula.

Pineda, quien fue el único diputado de oposición que aprobó en primer debate la Sala Quinta, aseguró que la directiva del colectivo nunca se reunió con los diputados de la bancada para definir una postura.

La información la dio a conocer el director encargado de la entidad, Roberto Moreno, quien reveló, tras una reunión de coordinación, que se acordó que el martes se instalará una comisión interinstitucional, la cual buscará medidas para desahogar las vías mientras duren los trabajos de reordenamiento vial y del metro.

Una advertencia realizada por la bancada panameñista sobre una posible violación a la Constitución por parte de Ábrego ocasionó un receso de cuatro horas que atrasó la sesión.

Los diputados panameñistas solicitaron que se suspendiera la ratificación del director del IMA porque supuestamente violó la Constitución al ejercer su cargo sin ser ratificado.

Se conoció que los panameñistas Osman Gómez, Tito Rodríguez, Francisco Alemán y Miguel Fanovich, ya han sostenido acercamientos con González Ruiz, con miras a dar el salto hacia el partido del gallo.

Los manifestantes llenaron las gradas del hemiciclo y corearon consignas en contra del proyecto, además de exigir respeto a la ley de la comarca.

También se manifestaron en contra de la diputada ngäbe Crescencia Prado, del Partido Revolucionario Democrático, quien los acusó de estar siendo aupados por el Gobierno para realizar estas manifestaciones.

La ministra de Trabajo, Alma Cortés, explicó que es muy probable que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) transfiera las pérdidas al contratante -Autoridad del Canal de Panamá (ACP)- para que al final de cuentas sean los panameños quienes, a través de los impuestos fiscales, paguen la deuda.