La posible extracción del material rocoso de la mina de cobre anunciada por el presidente José Raúl Mulino en su más reciente informe a la nación está siendo evaluada por las instituciones competentes a fin de evitar daños ambientales y generar mayores ingresos que contribuirán a la ejecución de obras en distintas áreas del país.
El material que se prevé exportar fue extraído antes de la suspensión de operaciones del proyecto; por lo tanto, no implica la reactivación de la operación minera, que, han reiterado las autoridades, seguirá suspendida hasta que se tome una decisión sobre su futuro.
Se estima que el volumen del material a procesar asciende a 38 millones de toneladas, lo que permitiría producir alrededor de 70 mil toneladas de cobre y generar cerca de 700 empleos directos y más de 1,000 indirectos a través del encadenamiento productivo que incluye a los proveedores locales, transportistas, entre otros.
Expertos en el tema señalaron que la permanencia de este material en la zona podría generar riesgos ambientales y operativos debido a la generación de ácidos y lixiviados propios de este tipo de metales.
Incluso advirtieron que, al no ser gestionados adecuadamente, podrían afectar el entorno natural del área; por lo tanto, su procesamiento es una medida preventiva que, de ser aprobada, debe hacerse siguiendo los planteamientos del Plan de Preservación y Gestión Segura.
Reiteraron que este proceso no implica nuevas extracciones, perforaciones, voladuras ni el reinicio de trabajos en la mina, pues se trata únicamente de darle tratamiento al material ya extraído mucho antes del 2023.
La empresa minera, por su parte, indicó que esta decisión se tomará en común acuerdo con las autoridades panameñas y en apego a las evaluaciones técnicas y ambientales.
"Las actividades relacionadas con este proceso se realizan en coordinación y bajo supervisión del Gobierno de la República de Panamá. El objetivo es garantizar que el manejo del material se ejecute conforme a los estándares técnicos establecidos", afirmaron.
Detallaron que, desde la aprobación del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina, se han contratado a más de 500 personas, la mayoría de las comunidades aledañas al proyecto (Omar Torrijos Herrera, Donoso y La Pintada), para realizar labores relacionadas con el mantenimiento de la zona.
La exportación del concentrado de cobre generó, el año pasado, 29 millones de dólares en regalías al Estado que se destinaron a la ejecución de obras como la construcción de carreteras, escuelas y puentes zarzos en la Comarca Ngöbe-Buglé.
La mina de cobre, en estos momentos, está siendo auditada por la empresa SGS Panamá Control Services Inc., para verificar su cumplimiento ambiental, social, legal y fiscal.
El Ejecutivo ya anunció que dará a conocer su decisión final sobre la mina en el mes de junio luego de conocer los resultados de la auditoría.
38
millones de toneladas aproximadamente quedan por procesar en la zona.
700
empleos generaría la extracción del material rocoso.
