El proyecto de ley No. 61 que establece medidas contra la ciberdelincuencia no fue admitido por el Órgano Ejecutivo.
La iniciativa que modifica y adiciona artículos al Código Penal y a la ley No. 11 de 2015, según el mandatario José Raúl Mulino, vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Por lo tanto, se encontraron razones suficientes para objetar parcialmente los artículos 3, 7, 12 y 16 por inconvenientes e inexequibles.
Aunque Mulino reconoce la importancia de esta ley para fortalecer el marco jurídico panameño frente a los delitos cibernéticos, destaca que muestra deficiencias significativas en la sintaxis legal de artículos clave.
Además, hace uso de términos excesivamente amplios y condicionantes que podrían resultar en la criminalización de actividades legítimas.
Esta aseveración hace referencia al artículo 12 que establece que quien produzca, venda, obtenga o ponga a disposición cualquier dispositivo concebido o adaptado para la comisión de delitos a sabiendas de su finalidad será sancionado con dos a cuatro años de prisión.
Disposición que el Ejecutivo considera contraproducente, ya que, actualmente muchos profesionales informáticos son contratados para identificar vulnerabilidades de los sistemas empresariales y para ello utilizan sus equipos.
Por ello, recalca que el artículo 12 es contrario a los principios fundamentales contenidos en el Código Procesal Penal, precisamente en los artículos 8 y 14 que se refieren al respeto de la inocencia y los derechos humanos.
“Aunque reconocemos la urgente importancia de actualizar la legislación en materia de ciberdelincuencia, es imperativo que sea conforma a la Constitución Política de la República, los tratados internacionales y los derechos humanos fundamentales”, puntualiza el escrito enviado a la presidenta del Órgano Legislativo, Dana Castañeda.
Tras estas consideraciones, el proyecto de ley será devuelto a la Asamblea Nacional para que se realicen los ajustes y análisis correspondientes.
