La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional admitió el anteproyecto de ley No. 399, que busca establecer un marco normativo para prevenir, identificar y sancionar la estafa digital.
Datos del Ministerio Público (MP) revelan que, de enero a febrero del 2026, se han registrado 32 denuncias formales por modificación o manipulación de programas informáticos, un incremento significativo en comparación con el mismo periodo del año 2025, cuando se presentaron 13 acusaciones.
No obstante, el año cerró con 101 denuncias formales por este delito, lo que demuestra la urgente necesidad que tiene el país de establecer un mecanismo para reducir este flagelo que afecta principalmente a los residentes de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Bocas del Toro, Los Santos, Chiriquí y el distrito de San Miguelito.
El diputado Neftalí Zamora señaló en la exposición de motivos que el propósito de esta iniciativa es fortalecer la protección del patrimonio de los ciudadanos, modernizar el marco penal frente a los desafíos de la estafa digital y dotar a las autoridades de herramientas más eficaces para combatir este fenómeno.
Solicitó a la Comisión enviar la propuesta a una subcomisión para que las entidades involucradas tengan la oportunidad de presentar sus propuestas de modificación a fin de que la normativa genere los resultados esperados.
La iniciativa, según Zamora, también ayudará a las entidades financieras a fortalecer sus procesos de debida diligencia, permitiéndoles conocer si sus clientes han sido condenados por estafa.
La diputada Alexandra Brenes recomendó a Zamora replantear el mecanismo que utilizarán los operadores de telecomunicaciones y bancos para informar a sus usuarios sobre este flagelo, ya que el artículo #9 del proyecto establece que desarrollarán actividades de divulgación contra dicha modalidad de fraude y ejecutarán acciones de intercepción para rastrear a los responsables.
Además, prohíbe el uso y comercialización de dispositivos de inserción masiva de tarjetas (SIM boxes), pasarelas GOIP y sistemas análogos de marcación virtual que no cuenten con la autorización de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
"Los operadores de telecomunicaciones o de servicio de internet identificarán, bloquearán, rastrearán y verificarán el origen de llamadas u otras comunicaciones con números suplantados o fraudulentos", esboza el documento.
La propuesta fue prohijada con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, por lo que será analizada próximamente en primer debate.
El diputado Neftalí Zamora expuso en la exposición de motivos de la iniciativa que su propósito es fortalecer la protección del patrimonio de los ciudadanos, modernizar el marco penal frente a los desafíos de la estafa digital y dotar a las autoridades de herramientas más eficaces para combatir este fenómeno.
