El procedimiento de contratación excepcional, un mecanismo utilizado por el aparato estatal en licitaciones urgentes, podría sufrir cambios; a la Asamblea Nacional llegó una propuesta que busca limitar el alcance de este recurso con la finalidad de que responda a situaciones "verdaderamente" extraordinarias.
Según los proponentes del anteproyecto de ley No. 421, la falta de estándares técnicos y controles previos en este procedimiento aumenta el riesgo de que se tomen decisiones perjudiciales para el interés nacional.
Proponen que se refuerce el informe técnico que fundamenta estas contrataciones y se incorpore la acción de nulidad ante posibles incumplimientos.
La normativa establece que el documento para validar el proceso debe contener un análisis comparativo de las distintas opciones de contrataciones disponibles, justificación detallada de la imposibilidad de realizar un procedimiento competitivo, sustento técnico y metodológico de mercado, identificación de potenciales oferentes aunque no participen y la declaración expresa de inexistencia de conflicto de interés por parte de los funcionarios intervinientes.
El desacato de estas disposiciones ocasionará la nulidad del procedimiento conforme al debido proceso administrativo.
La iniciativa también señala que el uso indebido de este recurso dará lugar a responsabilidades administrativas, civiles, patrimoniales y penales.
Los diputados aclararon que su propósito no es restringir la acción, sino evitar que se convierta en un mecanismo para eludir los principios rectores de la contratación pública.
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elementos añade la iniciativa al informe técnico que deben entregar las instituciones para validar la contratación directa.
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diputados debatirán el anteproyecto No. 421 en primer debate.
