Edwin Lewis, director nacional de estudio y diseño del Ministerio de obras Públicas, confirmó que el primer puente elevado vehicular que será atendido es el que se encuentra en la Vía España (Cincuentenario y El Balboa), ya que es el que más deterioro visible presenta.

"La primera intervención la haremos en el puente elevado vehicular de Vía España (Cincuentenario y El Balboa), ya que de todos los que están deteriorados, este es el más crítico porque es visible que hay elementos en la parte inferior de las vigas transversales que tienen que ser reemplazados, las rodaduras están deterioradas, y hay que reemplazar la junta", dijo Lewis en Tvn Noticias.

De ahí pasarán al puente que está cerca de la Usma y en un periodo de un año atenderán los puentes en base un cronograma que será publicado próximamente por esa entidad.

Y es que el Mop comunicó que adjudicó al consorcio Puentes Modulares, conformado por Constructora Urbana, SA y Toronto Global Holdings, la realización de este proyecto por $11.5 millones.

En este caso se trata del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de 12 puentes vehiculares, de los cuales 11 son tipo Mabey, ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito.

De acuerdo con Lewis, los puentes se empezaron a instalar en 1999 y no se les ha dado mantenimiento profundo en un periodo de 25 años. 

"No ha habido un plan integral hasta ahora, lo que planteamos es hacer un programa completo que permita reemplazar los elementos que están deteriorados, reparar las rodaduras, pernos, baranda elementos de seguridad vial, limpiar pintar el puente y que quede en condiciones satisfactorias para el usuario desde el punto de vista de la estructura y tres años de mantenimiento", expresó.

Lewis señaló que la reparación de cada puente puede tomar de 45 días a dos meses porque las mismas se tienen que hacerse de manera controlada.

"Yo no puedo cerrar el puente, tengo que trabajar principalmente de noche, de día se puede trabajar en la parte inferior, pero mientras haya tráfico tengo que hacer cierres parciales", añadió.

Cuando se termine el primer año de reparación y rehabilitación hay tres años de mantenimiento, sentenció.
 

Puentes a intervenir

Puente elevado vehicular de la DIJ.
Puente elevado vehicular de la USMA.
Puente elevado vehicular de Vía España (Cincuentenario y El Balboa).
Puente elevado de Paraíso (San Miguelito).
Puente elevado vehicular de Villa Lucre.
Puente elevado vehicular de Brisas del Golf 2.
Puente elevado vehicular de Los Pueblos.
Puente elevado vehicular de San Antonio.
Puente elevado vehicular de Las Acacias.
Puente elevado vehicular de la Asamblea Nacional de Diputados.
Puente elevado de la avenida Balboa y calle 3 de Noviembre.
Puente elevado vehicular de la avenida Martín Sosa y Transístmica.

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San Miguelito está al límite. Ovil Moreno, administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), fue citado a la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social para dar explicaciones sobre el colapso en la recolección de basura.

Los diputados preguntaron sin rodeos: ¿al atender este distrito poblado no se descuidan otras áreas? ¿Cuenta la autoridad con la flota de camiones, maquinaria y personal suficiente para mantener un servicio constante y eficiente?.

En la sesión, Betserai Richards, Carlos Afú y el presidente de la comisión, Edwin Vergara, coincidieron: este tema no es menor. La basura acumulada deteriora la salud de los vecinos y amenaza el presupuesto de la institución.

La comisión también decidió crear dos subcomisiones para estudiar proyectos de ley que necesitaban más análisis. La primera revisará el proyecto de ley 146, presentado por la diputada Lilia Batista, sobre trabajo a bordo de naves mercantes y pesca comercial. La segunda, el proyecto 255, del diputado Jamis Acosta, que regula la profesión de técnicos y licenciados en instrumentación quirúrgica.

Además, se dio primer debate al proyecto 348, que modifica la Ley 242 sobre el uso medicinal del cannabis.

Finalmente, la comisión aprobó dos prohijamientos: el anteproyecto 91, sobre la promoción de bebidas saludables en combos de comida rápida, y el anteproyecto 261, que regula los sitios de disposición final de residuos en Panamá.

San Miguelito sigue mirando a la AAUD con lupa. La calle exige respuestas y los diputados no piensan dejar pasar este desorden.

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El Ministerio de Educación (Meduca) adjudicó a la empresa IS Group la entrega de 54 mil computadoras portátiles para los educadores por $28.4 millones.

IS Group es una sociedad inscrita en el Registro Público el 30 de junio de 2011. Tiene como presidente a Kassem Fares Redondo y como agente residente a Yarilis Maribel Serrano.

Fue la única empresa que presentó propuesta para el renglón de las computadoras de los docentes.

El monto ofrecido fue superior en $1.1 millones al precio de referencia, que era $27.2 millones.

El promedio del costo por cada equipo sale en $527.45.

En el renglón de las licencias Microsoft M365, se presentó la compañía GBM, pero fue rechazada de plano porque el monto de la fianza presentada fue inferior al 10% de su propuesta y, en consecuencia, fue declarado desierto.

El renglón más importante, dirigido a la compra de 531 mil 250 computadoras portátiles para estudiantes fue declarada desierta, ya que no se recibieron propuestas.

El precio de referencia para las licencias es $4.6 millones, mientras que el de las computadoras para los estudiantes asciende a $268.5 millones.

En declaración brindadas a los medios de comunicación, el 30 de agosto de 2025, la ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció el compromiso de adquirir y entregar computadoras a docentes y estudiantes a partir del año académico 2026.

Las clases inician el próximo 2 de marzo, por lo que será poco probable que los estudiantes cuenten con sus equipos ese día, debido a que el Meduca tendrá que realizar otra licitación para adjudicar las computadoras portátiles a los niños y jóvenes, además de las licencias para los programas que se incorporarán en los dispositivos.

El Meduca considera fundamental la dotación de computadoras portátiles a los docentes, ya que permitirá que desarrollen sus habilidades digitales, accedan a plataformas de gestión del aprendizaje y recursos educativos digitales, y se mantengan actualizados con las tendencias pedagógicas modernas.

"Este proyecto de adquisición de computadoras portátiles para estudiantes y docentes representa un paso crucial para garantizar una educación de calidad, adaptada a las demandas de la era digital", registra la justificación de la entidad para la adquisición de los equipos.

Entrega

Los proveedores deberán hacer entrega de los equipos en las regiones educativas a nivel nacional, por lo que deberá coordinar con personal de la Dirección Administrativa y de la Dirección Nacional de Informática, los lugares en cada región para distribuirlos.

Las computadoras portátiles deben ser de última generación en su hardware y software, por lo cual, durante las fases de entrega de equipos se deben revisar que los mismos cumplan con estas características.

La garantía de las computadoras que se le dará a los educadores será de 4 años, según se describe en el pliego de cargos.

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Como en la administración del presidente Ricardo Martinelli, en este gobierno se planteó la necesidad de dotar de computadoras al personal docente y los estudiantes.

El renglón de mayor cuantía, el de los estudiantes, quedó desierto, e igual destino tuvo el de las licencias de los programas.

La convocatoria del acto público se realizó el 19 de septiembre, mientras que la entrega y apertura de propuestas se efectuó el 23 de diciembre.

La entrega de equipos se realizará a través de cada dirección regional de educación.

La comunidad de Pozo Azul, al norte de Penonomé, se encuentra consternada tras un hecho de sangre que terminó con la muerte de un hombre de 40 años.

El subcomisionado Saúl Sánchez informó que el hombre bebía en compañía de otros sujetos cuando se registró una riña en la que salió a relucir un arma blanca, que le ocasionó heridas mortales.

La víctima se había mudado hace apenas unos meses desde la capital hacia esta zona montañosa de Coclé, buscando la tranquilidad que el destino finalmente le arrebató.

Sánchez dijo que ya se ha identificado al presunto autor del homicidio, por lo que se realizan operativos para aprehenderlo.

Este crimen marca una cifra preocupante: Coclé ya registra tres homicidios en lo que va de enero de 2026. 

Las autoridades han encendido las alarmas, pues los tres ataques comparten un patrón que estremece a la provincia: Se utilizaron armas blancas.

Otro factor común es el consumo desenfrenado de alcohol. En este sentido, Sánchez pidió a las autoridades ser más estrictas con la emisión de permisos para la venta de licor.

Por su parte la comunidad ha alertado sobre altos consumos de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas entre grupos de esta comunidad.

La situación se agrava con la venta clandestina de alcohol por parte de algunos de los moradores.
 

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Las personas con discapacidad, además de su condición, deben luchar contra la percepción que tiene la sociedad de ellas, derribando el mito de que son incapaces de valerse por sí mismas gracias a que los avances de la ciencia y la educación especial les brindan las herramientas necesarias para su desarrollo e integración. 

Karelia Sánchez, directora general del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), sostiene que la palabra “discapacidad” no es sinónimo de limitante ni barrera para que un ciudadano pueda insertarse en la colectividad; al contrario, son completamente útiles y capaces de hacer lo que se propongan.

Mencionó que las opiniones negativas que existen en torno al padecimiento de condiciones especiales se disipan a través de la educación, porque mientras más se les instruya a las personas sobre el tema, mayor será la aceptación.

“En la medida en que demos esas capacitaciones y acompañamiento a los docentes de escuelas regulares, vamos a tener una sociedad más inclusiva”, dijo a Panamá América.

Explicó que en este proceso los padres juegan un rol importante porque son quienes conocen las condiciones de sus hijos y pueden ayudarlos a que alcancen su máximo potencial dándoles seguimiento a las terapias de los especialistas en casa.

“Los padres de familia son aliados estratégicos en la columna vertebral de este proceso; sin ellos no pudiéramos desarrollar nuestras acciones institucionales porque lo que yo hago en el aula debo llevarlo a la casa, por eso también se les brindan las herramientas necesarias para darle continuidad a los servicios y multiplicar la información”, aseguró.

Aunque Sánchez considera que, en los últimos años, la sociedad panameña ha tenido un cambio cultural histórico con respecto a la discapacidad, el trabajo debe ser continuo; por ello, el IPHE cuenta con programas deportivos y culturales cuyo objetivo es que los estudiantes puedan desarrollar otras capacidades que faciliten su proceso de inclusión.

Además, la institución tiene presencia en más de 400 centros educativos a nivel nacional a través de aulas especiales para impulsar la integración temprana de los menores con discapacidad.

“Tenemos que seguir creando aulas especiales en escuelas regulares, ser conscientes de que los estudiantes son parte de la sociedad; mientras más docentes tengamos en las escuelas, más herramientas tendremos para hacer los ajustes curriculares según la condición de cada alumno”, expresó.

La directora del IPHE aseguró que el país cuenta con la cantidad de educadores especializados necesarios para atender la demanda; por ello, su enfoque está más orientado en fortalecer las capacitaciones a todos los involucrados en el proceso de integración de las personas con algún tipo de discapacidad.

Reiteró que destinar fondos a la educación especial nunca será un gasto, sino una inversión con un retorno social alto que contribuye a la creación de un país más equitativo e inclusivo.

“Nosotros estamos dando pasos firmes hacia un Panamá más equitativo y próspero, cumpliendo con la misión de transformar vidas, así que la inversión que tiene esta institución es para garantizar una educación de calidad a los estudiantes”, subrayó. 

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El diputado Jairo Salazar  presentó esta semana una iniciativa legislativa que pretende castigar el fraude por paternidad en Panamá. El anteproyecto busca que cuando una mujer le endose a un hombre un hijo que no es de él, pague las consecuencias.

De acuerdo con Salazar, la iniciativa contempla de dos a cinco años de prisión para aquellas féminas que incurran en esta práctica.

"Constantemente hemos visto que madres engañan al hombre y le dicen que están embarazadas de él. Actualmente no hay sanciones", expuso.

A criterio de Salazar, una ley de este tipo ayudaría a prevenir debido a que las mujeres lo pensarían muy bien antes de engañar a los hombres.

"Habrá sanción de dos a cinco años para esas mujeres que están agarrando a los hombres de estúpidos. Así como hay mujeres buenas hay mujeres malas y cabronas. Ese pequeño porcentaje de descaradas tendrá una sanción con cárcel", precisó.

Incluso Salazar narró una experiencia cercana de un amigo, que por 14 años pagaba una pensión de 600 dólares y cuando el supuesto hijo se sometió a una prueba de ADN, los resultados destaparon la verdad. El hijo no era suyo.

La iniciativa ha tenido buenos comentarios, sobre todo porque la gente reconoce que estos casos se presentan con alguna frecuencia.

Aunque el anteproyecto ha generado bromas, la ciudadanía admite que no estaría mal legislar en esta dirección.

Recalcan que el daño emocional que ocasionan estos engaños tienen fuertes repercusiones, llevando incluso a algunos al suicidio.

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 El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, pidió un mayor análisis del Proyecto de Ley 19, aprobado en segundo debate en la Asamblea Nacional, el cual busca extender los horarios de atención en los centros de salud del Ministerio de Salud (Minsa).

“Esto hay que analizarlo. Un aumento generalizado de la extensión de horarios en los centros de salud, primero, no se necesita y, segundo, dicho aumento debe contar con las partidas presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, expresó el ministro.

Boyd Galindo señaló que actualmente se mantiene un horario extendido en 120 centros de salud a nivel nacional, mediante un esquema de atención ajustado a las necesidades de cada región, corregimiento y distrito, especialmente en aquellos lugares donde se requiere brindar atención después del horario laboral.

“La iniciativa de este proyecto es buena, pero hay que analizarla y ordenarla, de manera que se cuente con el presupuesto necesario para poder cumplirla”, reiteró el ministro.

Durante el primer debate del Proyecto de Ley 19, el Minsa presentó modificaciones a dos de los artículos del proyecto, principalmente en lo referente a la extensión de horarios en los centros de salud.
 
Una de las modificaciones propuestas por la institución fue al artículo 3 del referido Proyecto de Ley, quedando así: “El Ministerio de Salud, de acuerdo con las necesidades específicas de cada región, implementará políticas para la adecuada y suficiente prestación de los servicios de salud integral y el suministro de medicamentos e insumos, conforme a lo dispuesto en la normativa sanitaria vigente”.

La otra modificación propuesta fue en el artículo 4, por lo que: “los centros de salud, subcentros de salud, policentros, Minsa Capsi y otros similares funcionarán en los horarios que determine el Ministerio de Salud, de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios de cada región de salud”.

 En todo caso, el Minsa procurará que en cada región de salud exista, al menos, una instalación de atención primaria con horario extendido, de forma que se garantice el acceso oportuno a los servicios básicos de salud.

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La Alcaldía de San Miguelito informó que la Comisión Evaluadora del Acto Público N.° 2025-5-78-0-08-LV-006575 determinó que el Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito, conformado por las empresas Pronto Aseo, S.A., Retraneq y Recicladora Nacional, no cumple con los requisitos mínimos obligatorios exigidos en el pliego de cargos, por lo que su propuesta no avanzó a la etapa de evaluación bajo los criterios y la metodología de ponderación establecidos para este proceso.

De acuerdo con el informe, entre las principales observaciones técnicas y administrativas figura la presentación de certificaciones de calidad (ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015) en idioma inglés, sin la traducción oficial al español exigida por la Ley 22 de 2006 y el pliego de cargos.

Además, la Comisión detectó inconsistencias y falta de acreditación de la experiencia mínima requerida del Personal Técnico Clave, tanto del Director de Operaciones como del Especialista en Gestión Socioambiental.

De igual manera, se halló insuficiencia en la experiencia general del consorcio dentro de los últimos 15 años, así como documentación incompleta para respaldar varios contratos ejecutados.

Asimismo, había informes de conformidad con información repetida e inconsistente respecto a comunidades beneficiadas y lugares de ejecución.

La Comisión también verificó que las certificaciones de plataformas digitales no acreditan el tiempo mínimo de implementación requerido.

El informe señala, además, deficiencias en la Propuesta Técnica, incluyendo la ausencia del formulario estándar debidamente firmado, falta de claridad en el diseño de rutas, inconsistencias en la estimación de la flota vehicular y un cronograma de implementación sin la firma correspondiente.

La Alcaldía de San Miguelito reitera que este resultado es producto de una evaluación técnica rigurosa, objetiva y transparente, orientada a garantizar que cualquier contratación cumpla con los estándares que el distrito requiere, siempre en protección del interés público y del bienestar de los vecinos.

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El Secretario General del Ministerio de Educación, Luis Herrera señaló que en el Meduca creen que la reforma educativa de ser una ley marco que establezca los principios claros sobre los cuales se basará la educación a nivel nacional desde la etapa preescolar hasta nivel universitario.

Herrera señaló en las consultas se escucharán a todos los entes de la sociedad civil panameña, incluyendo a los gremios educativos, a padres de familia, a estudiantes, a líderes de opinión y a los miembros del sistema educativo, a los directores del colegio y las redes educativas

"Para que, en consenso, toda la sociedad aporte su punto de vista. Cuál es la ley de educación que necesitamos para que este país siga creciendo y para nuestros estudiantes, porque lo principal de una ley educativa es el estudiante, quien es el objeto y sujeto de la educación".

Recalcó que a través de la educación se puede "cambiar las condiciones materiales de nuestros niños, niñas y adolescentes y sin banderías políticas, porque lo que tenemos que hacer es sacar la política partidista de la educación", señaló.

Aseguró que ya tienen un cronograma de trabajo, con 16 reuniones con distintas organizaciones. "Tenemos ese calendario previsto, vamos a buen ritmo", precisó.

Dijo que no puedo darle una fecha cierta para tener un borrador, pero se mostró confiado que la sociedad panameña verá "el resultado de lo que es la escucha activa que está haciendo el Meduca con las distintas organizaciones, empresarios, educadores, sociedad civil, padres de familia y sistema educativo para sacar una ley de educación que brinde el beneficio que nuestros estudiantes necesitan".

Añadió que el Meduca sigue trabajando en cada uno de los proyectos trazados, entre ellos la revisión del currículum para que el estudiante graduado sea, según Herrera, "el profesional que requiere el mercado laboral panameño y la academia panameña".

También dijo trabajan en el proceso de mantenimiento de infraestructura y por llevar la educación a cada niño, niña, adolescente del país.

Además, el Secretario General de Meduca confirmó que la Escuela República Venezuela está lista para su inauguración.

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Luis Herrera, Secretario General del Ministerio de Educación, señaló que una vez recibida la acusación de un supuesto acoso laboral en la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, el Meduca procede a iniciar un proceso de investigación.

"Recibimos tres denuncias por la presunta comisión de actos de acoso laboral en perjuicio de tres funcionarias y que señalaban al Director Regional de Educación de Panamá Oeste como responsable de estos actos. Inmediatamente Meduca recibe esas denuncias, inicia un proceso de investigación", dijo.

"Según las primeras pesquisas que realizamos, son acciones continuadas por parte del director regional de educación en perjuicio de estas tres funcionarias", respondió Herrera cuando le preguntaron si se trataba de denuncias de vieja data.

Herrera señaló que inmediatamente ocurrió el hecho, se procedió a iniciar la investigación. No obstante, en el ínterin del proceso, el director presenta su renuncia.

Según Herrera, el Meduca está comprometida a garantizar la seguridad de cada uno de sus servidores públicos en los centros donde prestan servicio.

Al ser consultado si se trataba de acoso laboral sexual o un acoso laboral, el funcionario respondió que él tiene "entendido que es actos de forma genérica de acoso laboral, pero no obstante, si evidenciamos dentro del proceso de la investigación que hay algún elemento de interés para las autoridades, nosotros pasaremos la información a las autoridades correspondientes".

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