La ASEP reconoce que necesita mayor fuerza legal para poder sancionar

El administrador  de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Armando Fuentes, al comparecer ante el pleno legislativo reiteró que necesitan mayor fuerza legal para  realizar un mejor trabajo en la gestión de sancionar.

La comparecencia del funcionario se dio por la razón de responder interrogantes referente al servicio de energía eléctrica que ofrecen las empresas  que generan, distribuyen y transmiten energia al país.

Referente  a los reclamos por el aumento en la facturación y por los daños producto de las fluctuaciones, Fuentes respondió  que en estos meses de pandemia se han recibido unos 3,115 reclamos y que el 90% de los casos han sido resueltos.

 

Destacó  que la ASEP está pendiente para que las normas de calidad de servicio se cumplan, pero  aceptó que hay sectores  muy afectados en  la provincia de Panamá  Oeste, en el área de  Tonosí, entre otros.

En medio de las preguntas y respuestas, se le recordó al administrador que una serie de sanciones impuestas a las empresas aún  no son acatadas debido a que las apelaciones no son resueltas con la ligereza requerida.

Fue  cuestionado sobre los contratos que el Estado ha concesionado  a estas empresas  eléctricas, a lo que   Fuentes  respondió que los contratos se vencen en el 2028 y fueron firmados en el  2013.

 

Fuentes advirtió que el usuario  debe aprender  a quejarse ante  la ASEP y que la institución necesita tener más fuerza legal para realizar su trabajo.

En cuanto a la interrogante si está de acuerdo con el prorrateo o la estimación en la lectura del consumo, señaló que no,  ya que lo ideal es  hacer la lectura real  y no la estimación.

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Daniel Mina, también funcionario de la ASEP,  informó que, aproximadamente, se dan  80 interrupciones eléctricas  al día en distintas áreas del país.

Detalló que realizan inspecciones en el área para verificar  el  cumplimiento  con  las normas.

 

De encontrar irregularidades, añadió, se hace un informe para  que en  un  término entre 30 a  60 días  las empresas  resuelvan,   de no ser así, dijo Mina, la Autoridad procede a abrir un formulario de sanción.

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Lunes 15 de junio de 2026