El sistema de administración de justicia panameño se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse graves irregularidades en el reparto de casos de alto perfil. Rubén Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, reaccionó ante una circular interna del Órgano Judicial que prohíbe a los jueces solicitar audiencias específicas, un hecho que debió manejarse de forma estrictamente aleatoria.
Para el jurista, que un juzgador intente seleccionar un caso rompe por completo con el propósito de la ley.
"El sistema es aleatorio. Si le tocó al juez, le tocó (...). Pero que un juez vaya a pedir que se le asigne un caso me parece que no es la práctica que estábamos esperando y, además, constituye una flagrante violación de las responsabilidades de un administrador de justicia", sentenció Rodríguez en Radiografía de Eco Tv.
Piden la intervención del Tribunal de Integridad
Rodríguez advirtió que la respuesta institucional no puede limitarse a un memorándum de advertencia. Exigió que el Tribunal de Integridad y Transparencia tome cartas en el asunto y realice una investigación profunda, respaldando además la postura de la magistrada de la Corte Suprema, Maribel Cornejo, quien se manifestó con firmeza frente al tema.
El jurista planteó interrogantes de fondo sobre las motivaciones detrás de estas conductas:
Confianza ciudadana en riesgo: Este tipo de acciones genera profundas suspicacias en la sociedad.
"¿Qué interés puede tener uno antes de que se produzca algo para estar al tanto de que va a llegar un caso y pedir que se lo asignen? Allí hay un elemento de interés personal o de vinculación", advirtió, sugiriendo que la práctica podría estar replicándose en otros tribunales.
Separación de magistrados y debido proceso
La reacción del exlíder del gremio de abogados se da luego de que la Corte Suprema de Justicia, en su condición de autoridad nominadora, separara de sus cargos a los magistrados Justo Vargas y Adrián Hernández, del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial en medio de una investigación administrativa por la presunta asignación deliberada y no aleatoria de audiencias de alto perfil.
Rodríguez calificó la suspensión como "la medida correcta" para permitir una investigación limpia, aunque recordó que se debe tener extremo cuidado en garantizar el debido proceso a los investigados para demostrar con certeza si incurrieron en una infracción de sus deberes públicos.
Fallas estructurales: Del factor humano a la fiscalía
El análisis del abogado fue más allá del Órgano Judicial, apuntando a una falla sistémica en la cadena de justicia del país:
Vulnerabilidad del sistema: A pesar de la automatización y de las tecnologías implementadas, el factor humano sigue incidiendo negativamente si el sistema aleatorio no responde a lo planificado.
Rodríguez señaló que la impunidad muchas veces se atribuye erróneamente a los jueces, cuando en realidad nace de la incapacidad de la Policía en la investigación o de fiscales que no sustentan bien los cargos ante los jueces de garantías.
Concluyó que un juez que actúa por temor o sin independencia personal traiciona su función. "La obligación de los jueces es cumplir y hacer cumplir la ley, no lo que dice el presidente de la República, un ministro de Estado o lo que piensa la opinión pública", cerró.
