Obstruccionismo
Mientras la Comisión de Credenciales aprobó recomendar al pleno de la Asamblea la destitución de Patria Portugal, voceros de la bancada del PRD intentaron condicionar su voto sobre el espinoso asunto hasta que no asistiera la contralora de la República, el director de la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario, los ministros y cuantos miembros del gobierno se les antoje. Al principio protagonizaron una ruidosa algarada para exigir la concurrencia a la Asamblea de la suspendida funcionaria. Cuando se formalizó la concurrencia de Patria Portugal, convirtieron en un sainete la sesión.
Después, al requerirse los dos tercios de los votos de la Asamblea, amenazaron con una nueva muestra de obstruccionismo, y demostraron el doble estándar de su rejuego político. Lo que perseguían era anular la recomendación de la Comisión de Credenciales y entorpecerla con su frustrante abstencionismo. Para sabotear la salida institucional del problema de la Defensoría del Pueblo, la dirección política del PRD emitió una consigna dogmática de su marca. Los diputados serán obligados a subordinarse a una disciplina antidemocrática con la amenaza de una espada de Damocles.
En el fondo no deberíamos sorprendernos de esta clase de decisiones antagónicas a la institucionalidad democrática. La oposición se caracteriza por la inconsistencia de sus posturas en diversas facetas y expresiones. Acusa sin pruebas. No recurre al Ministerio Público para sustentar legalmente sus denuncias. Y cuando recurre a la Procuraduría se enreda, se contradice, invalida ella misma sus recursos. En la Asamblea grita, vocifera, se rasga las vestiduras. Pero, al final de cuentas, quiere matar al tigre, pero se asusta con el cuero.
Con la insistencia de alegar que concurran al hemiciclo ministros y directores de entidades autónomas para que respondan atribuciones sin respaldo solvente de pruebas, los opositores revelan que su sórdido objetivo es pretender llevar la ingobernabilidad al Estado. Paralizar la administración pública. Obstaculizar a cualquier precio las obras planificadas y ejecutadas por el gobierno de Ricardo Martinelli.
Enlodar sin escrúpulos a los funcionarios con insinuaciones de sobreprecios, nepotismo, privatizaciones imaginarias para contener la colosal infraestructura en marcha. Ante la magnitud de la tarea gubernamental descienden a pequeñeces inauditas que ofenden la inteligencia de los panameños de buena voluntad.
El juego democrático obliga a separar lo que constituye la institucionalidad del Estado de la coyuntura política. Bajo esas premisas democráticas, la oposición puede elevarse de las acostumbradas trivialidades y cooperar aportando iniciativas constructivas. Si tiene iniciativas, debe exponerlas. Si posee pruebas de corrupción, está obligada legalmente a llevarla al Ministerio Público para que sopese su traslado al Órgano Judicial, con garantías que los tribunales actuarán. El mantenimiento de la postura de una oposición apocalíptica, como la desplegada por la dirección política del PRD, desprestigiará más y más al partido, tanto por sus sombríos antecedentes como por la inacabable lista de errores sistemáticos.
