El levantamiento de la Ley Seca revive el viejo debate sobre el alto consumo de licor en Panamá y la violación de las normas que controlan esta actividad.
Panamá es el segundo país de la región con el más alto índice de consumo de alcohol, según la Organización Mundial de la Salud.
Ante este escenario, es muy poco lo que se ha hecho para minimizar el consumo de alcohol entre los panameños, señalan algunos sociólogos, quienes lo catalogan como un problema cultural.
A pesar de que ayer el Ejecutivo promulgó el Decreto 612 que establece el levantamiento gradual de la Ley Seca, algunos alcaldes han manifestado que mantendrán su posición de no levantarlo.
El sociólogo Danilo Toro recordó que la mayoría de los municipios otorgan los permisos para la venta de licor y eso les representa una fuente de ingreso.
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Toro manifestó que en este momento los alcaldes, de alguna manera, han recapacitado y saben que la venta y consumo de alcohol puede generar otro tipo de situaciones que ahora no pueden enfrentar.
Danilo Toro consideró que solo el hecho de discutir, si es necesario que se adopte o no una ley seca, indica que existe un faltante en la sociedad que está muy vinculado a la educación.
En tanto, Pablo Asís Navarro, sociólogo de la Universidad de Panamá, indicó que la mayoría de los panameños que consume alcohol, lo hace, al inicio, con la finalidad de sentirse bien, pero como toda droga, luego se va apoderando de su cuerpo.
Esto, trae consigo, de acuerdo con Navarro, que después no haya control de lo que se hace e incluso, dependiendo de la persona, las lleva hacer cosas que normalmente no haría.
En medio del confinamiento en el que se encuentra la mayoría de los panameños por el COVID-19, no sería bueno un levantamiento de la ley seca aún, recalcó.
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Los alcaldes, por años, han sido los que otorgan los permisos para la venta de licor en abarroterías o minisuper, dijo Navarro, y quizás ahora que se oponen al levantamiento de la ley seca, puede verse como una doble moral.
Sin embargo, la situación a la que nos estamos enfrentando por el COVID-19, es algo nunca antes vivido, y los municipios no cuentan con dinero ni para pagarle a sus funcionarios, así que no se van a correr el riesgo de que se den otras irregularidades en sus distritos, enfatizó Navarro.
Las regulaciones sobre el otorgamiento de permisos para el funcionamiento de locales de expendio de licor datan de hace 47 años, mediante la Ley 55 de 1973, sin embargo, la lista de incumplimientos es larga.
Entre las regulaciones sobresalen, que solo podrá funcionar un local de expendio por cada mil habitantes. También se prohíbe que se otorguen permisos para el funcionamiento de bares y cantinas en barrios o áreas residenciales ni cerca de escuelas, iglesias o campamentos de campesinos u obreros.
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Los alcaldes están facultados por la Ley 106 de 1973 a cobrar un impuesto sobre el expendio de bebidas alcohólicas.
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