En la administración de Juan Carlos Varela se han suscitado eventos que han sido calificados como un atentado contra la libertad de expresión y los derechos humanos, incluso antes de asumir la Presidencia de la República.
Con estas reflexiones se inicia la sustentación de un informe presentado por directivos de medios de comunicación panameños ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El informe recoge unas 13 situaciones en las que se denuncia al presidente Varela y varios de sus altos funcionarios de protagonizar "ataques y desavenencias" con representantes de los medios de comunicación social.
Indica el documento que los ataques no se circunscriben solo a funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También, involucra a instituciones autónomas, como el Tribunal Electoral (TE).
El 8 de marzo de 2016, los magistrados de dicha institución emitieron un acuerdo de sala en el que ordenan correr traslado a los diarios Panamá América y Crítica, así como al canal centroamericano de televisión CB24, para que realicen sus descargos sobre un proceso administrativo abierto en su contra por la supuesta infracción del Código Electoral, lo cual podría generar una multa de hasta $50 mil en contra de Epasa.
La razón esgrimida es la publicación de un extracto de una encuesta de opinión que realizó la empresa Doxa Panamá y que, según los magistrados, viola artículos del Código Electoral que exigen que toda encuesta antes de su publicación debe ser inscrita en el TE.
"El Tribunal Electoral amenazó con sancionar a estos medios con multas que van entre $5 mil y $25 mil", así se desprende un extracto del documento presentado ante el mencionado organismo internacional.
Los diarios afiliados a Editora Panamá América (Epasa) han sido duros crítico de los excesos que ha pretendido cometer el TE, a través de las reformas al Código Electoral que pretendía cerrar medios de comunicación social por violar la veda establecida para la propaganda electoral durante la campaña política.
"Esta iniciativa fue duramente adversada, no solo por los medios de comunicación, sino también por gremios organizados, la sociedad civil y la población en general", expresa el informe.
La lectura del documento destaca que Epasa también denunció y cuestionó acremente los claros casos de nepotismo y de presunto desgreño administrativo protagonizados por los propios magistrados del Tribunal Electoral.
"Epasa no descarta que los procesos abiertos sean una represalia por su posición editorial", agrega el documento.
Han existido roces entre el gobierno de Varela y representantes de los medios de comunicación social.
A inicio de este año, el periodista Álvaro Alvarado, de Telemetro, denunció que Varela pretendía empañar su imagen, silenciarlo y sacarlo del medio periodístico.
"La razón era para evitar sus cuestionamientos al Gobierno", expresa el informe ante el SIP.
Los ataques contra Alvarado se dieron por las redes sociales, a través de anónimos, lo que motivó que presentara una denuncia ante el Ministerio Público, en contra de quienes resulten responsables, por la realización de lo que denominó una "campaña de desprestigio y descalificación" en su contra.
Semanas antes de presentar su denuncia, Alvarado acusó directamente al presidente Varela, a su Consejo de Seguridad Nacional y a la Dirección General de Ingresos (DGI) de armarle un expediente.
"Una película de terror para lograr silenciarlo a él y al analista político José Isabel Blandón", así se desprende de un extracto del documento.
El periodista le pidió públicamente a Varela que frenara la persecución en su contra y lo acusó de no cumplir su promesa electoral de respetar la libertad de expresión.
Blandón, por su parte, declaró el 17 de febrero pasado a la emisora Radio Panamá, nota que fue replicada por otros medios de comunicación social, que la campaña de difamación en contra de Alvarado y de su persona provino de directivos de TVN, medio de comunicación cuyo propietario es Stanley Motta, principal donante de la campaña política de Juan Carlos Varela.
Blandón fue sacado de las pantallas de Telemetro y RPC, luego de que estallara este escándalo.
Discriminación
Otro evento que fue cuestionado por diferentes medios de comunicación social fue una campaña nacional televisiva sobre la No Discriminación.
A las caras de NEXtv , un medio que es catalogado por el gobierno de Varela como de oposición, no se les convocó.
"Paradójicamente, en una campaña de No a la Discriminación, los periodistas de NEXtv fueron discriminados por su presunta línea editorial", destaca el informe.
Casi paralelo a este hecho, el embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, anunció que explicaría el contenido del acuerdo amistoso, que en marzo de este año, llegó el Gobierno de Panamá con la empresa italiana Finmecanica.
Sin embargo, cuando NEXtv le pidió una entrevista a Berguido para que explicara el acuerdo, este se la negó, aduciendo que solo daría declaraciones a "medios serios".
Cadena de incidentes contra medios de comunicación
La cadena de incidentes con los medios tuvo otro punto importante entre junio y septiembre de 2015 con cuatro situaciones graves.
La primera fue el encarcelamiento del periodista y abogado Julio Miller, duro crítico del gobierno varelista, por haber cobrado un cheque de $20 mil a la empresa Hidalgo & Hidalgo, por trabajos de imagen corporativa.
La segunda fueron las denuncias del periodista Álvaro Alvarado, de que el Gobierno practica en su contra el “terrorismo estatal”.
La tercera, la presentación, por parte de un diputado oficialista, de un anteproyecto de ley que contenía graves restricciones a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.
Finalmente, un cuarto incidente que pudiera interpretarse como un ataque contra la periodistas Carmen Boyd, al registrarse el robo y vandalismo en contra de la comunicadora social.
