Un nuevo bloque de auditorías, realizadas a juntas comunales del interior del país, revela irregularidades por un monto de 4.5 millones de dólares, lo que eleva el impacto económico a $13 millones en el periodo 2019-2024.
Esta semana, la Dirección Nacional de Auditoría General entregó 12 nuevos informes al Ministerio Público como parte del plan nacional de fiscalización de juntas comunales.
De acuerdo con la Contraloría ya se han auditado a 25 juntas comunales durante la actual fase del plan.
"El proceso forma parte de la auditoría integral a 72 juntas comunales en todo el país, en cumplimiento del mandato constitucional de vigilar y fiscalizar el uso de los recursos públicos", señala la Contraloría.
El contralor Anel Flores recalcó que las auditorías se realizan con objetividad, rigor técnico y sin excepciones, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.
En los próximos días la institución entregará más informes para que el Ministerio Público avance con las investigaciones correspondientes.
