El contralor de la República, Gerardo Solís, ordenó modificar la estructura organizativa de la Dirección Nacional de Fiscalización de la Contraloría General.
Los cambios, según la Resolución 690-2020, buscan "asegurar la regulación, fiscalización y control de la gestión pública".
Estas modificaciones se dan en momentos en que el Gobierno recibe cuestionamientos y hasta la apertura de investigaciones penales por las compras realizadas en medio del Estado de Emergencia decretado por la pandemia de COVID-19.
Solís también ordenó aprobar un manual para el trámite y elaboración de informes de las solicitudes de créditos adicionales para reforzar las pautas de conducta de las personas que manejan fondos o bienes públicos, en base a lo que establecen las leyes.
Recientemente, Solís le advirtió a altos funcionarios que delegar decisiones que involucren manejo de fondos no los exime de responsabilidad penal.
El Ministerio Público abrió varias investigaciones penales por los supuestos sobrecostos en la fallida compra de ventiladores y en la construcción del Hospital Modular.
