Grupos de la sociedad civil se manifestaron esta tarde en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para pedirle a este órgano del Estado que declare inconstitucional el contrato minero.
La directora Ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, Lilian González, también solicitó a la CSJ considere una queja por desacato en contra del presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, el Consejo de Gabinete y la Asamblea Nacional al considerar que se encuentran en desacato por no acatar el fallo de inconstitucionalidad de 2017.
Según González, se han inventado excusas para no dar cumplimiento a este fallo.
“Esto nos ha llevado a la situación en la que estamos con la Ley 406, que lo que hace es que reproduce el contenido y el objeto de la Ley 9 de 1997 que fue declarada inconstitucional”, agregó.
Reiteró la petición a la CSJ que evalúe y analice la situación, y que haga respetar sus decisiones porque no puede ser que la Corte se tarde 10 años en sacar un fallo y después los demás órganos del Estado “se limpien el sudor con el”.
Más temprano comunidades campesinas de Donoso y Omar Torrijos acudieron a la CSJ para que se declare en sesión permanente y maximicen los tiempos judiciales.
El abogado Tristán Santander dijo que al declararse en sesión permanente se tendrá un tiempo eficiente para poder examinar y resolver el conflicto.
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