La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está trabajando bajo presión del Ejecutivo, el cual utiliza como intermediarios a la procuradora Kenia Porcell y al magistrado Harry Díaz.
Porcell, quien en su última intervención esquivó la pregunta sobre los vínculos del presidente Juan Carlos Varela en el escándalo Odebrecht, culpó a la Corte de no avanzar en las investigaciones.
Mientras, Harry Díaz, hermano del asesor presidencial Temístocles Díaz, fue quien convocó en las últimas horas para abordar los habeas corpus presentados por abogados.
No obstante, ayer la ausencia de cuatro magistrados impidió analizar el tema en la Corte.
Tanto juristas como sectores de oposición y la sociedad civil han lamentado la interferencia del Ejecutivo para que no se conozcan los vínculos de allegados al Gobierno en la investigación.
Para el abogado Sídney Sittón, lo que pretende hacer la procuradora Kenia Porcell es tirar una cortina de humo sobre su incapacidad e ineficacia.
El abogado, quien presentó un recurso para que se incluyan en las investigaciones nombres de cuentas y bancos que no aparecen en la investigación, señaló que "la procuradora se ha sentado en el puesto precisamente para encubrir a los delincuentes políticos que detentan el poder; llegó para hacer el trabajo sucio".
También el constitucionalista Miguel Antonio Bernal sostuvo que se ha demostrado la manipulación para hacerle creer a la ciudadanía que la culpa es de la Corte, y está orquestado para encubrir a los que fueron coimeados por la empresa Odebrecht.
"Ella -Kenia Porcell- está secuestrada por el Consejo de Seguridad -adscrito a la Presidencia-; este Consejo lo maneja Varela, y la Constitución y las leyes no las voltean a ver", afirmó.
Entre tanto, la abogada Alma Cortés indicó que estas actuaciones de la Procuraduría revelan el secreto a voces de que está recibiendo presiones del Ejecutivo. "No hizo público el nombre de las 36 personas que están siendo investigadas", indicó.
Sostuvo, además, que ahora la procuradora Porcell puede ser sometida a un futuro proceso por omisión de funciones, pues el Sistema Penal Acusatorio (SPA) obliga a los administradores de justicia del Ministerio Público a separarse de los juzgadores, es decir, la Corte Suprema de Justicia.
Por otro lado, sectores de la sociedad han señalado que jurídicamente no es posible detener las investigaciones de un proceso por recursos de habeas corpus, y el mensaje estaría enfocado más en obedecer las órdenes del Ejecutivo.
Según el abogado Silvio Guerra, un amparo solo detiene "un acto, pero no un expediente o investigación, y un habeas corpus mucho menos".
El abogado calificó que la reacción de la procuradora ha sido una respuesta desesperada frente a las presiones de la ciudadanía, y lo que ha pasado en otras naciones como Brasil, Perú o República Dominicana.
Por su parte, el exasesor presidencial Ramón Fonseca Mora, quien acusó al presidente Juan Carlos Varela de recibir donaciones de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial, explicó: "Lo que nos sucede con Odebrecht es por falta de separación férrea entre los tres poderes del Estado".
