En los últimos dos años, crímenes horrendos, enmarcados en escenas macabras de desmembramientos, han dejado de manifiesto la carencia de una política nacional para darle el tratamiento adecuado a este tipo especial de victimarios, en busca de su posible rehabilitación en los centros carcelarios.
Y el más reciente caso de decapitación ha confirmado esta carencia, toda vez que el sujeto encontrado in fraganti en el salvaje acto, fue procesado como cualquier otro delincuente, y durante los seis próximos meses de la investigación cumplirá detención preventiva como un privado de libertad más, en un centro carcelario de la ciudad de Panamá.
Se trata de Néstor Armando Torres Briones, de 32 años, quien el pasado 29 de octubre asesinó y decapitó a Randy Ramel (q.e.p.d.), en un sector de Villa Lucre, distrito de San Miguelito.
La frialdad con la que, aparentemente, cometió el crimen, según testigos, y el semblante sonriente con el que fue visto en momentos en que era trasladado por miembros de la Policía Nacional a la autoridad competente, ha dejado muchas interrogantes entre los estudiosos de este perfil de conducta criminal.
A esto hay que agregarle el hecho de que en la audiencia de imputación, realizada el pasado 31 de octubre, se confirmó que el "decapitador" estuvo internado en 2014 y 2017 en el Instituto Nacional de Salud Mental de Panamá (Insam).
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No obstante, personal técnico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) practicó ahora un examen médico, el cual concluyó que Néstor Torres, supuestamente, no tiene ninguna dificultad sicológica o psiquiátrica que le impida ser plenamente imputado por el macabro hecho.
Para el criminólogo Marco Aurelio Álvarez, este caso constituye una nueva contradicción del sistema (tomando en cuenta los antecedentes de reclusión en varias ocasiones por indicios de trastorno mental) y la carencia de protocolos de detención para asesinos de alto perfil.
"Yo no voy a cuestionar los exámenes hechos recientemente. Pero como criminólogo sí denuncio que Panamá carece de una política pública de salud mental que ofrezca espacios adecuados para atender a personas de alta peligrosidad, que al traspasar su enfermedad mental, se vuelven en peligro para la sociedad", dijo el experto a Panamá América.
Y agregó que esta falta de mecanismos adecuados para estos casos, dejan en indefensión a la población, pues "siguen entre nosotros personas capaces de cometer estos actos".
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Entre otros casos relativamente recientes, hay que mencionar que en septiembre de 2018 se encontró a un joven descuartizado a orilla de una quebrada en el sector de Alto Bonito, Arraiján, a quien le cortaron de manera total un brazo, una pierna y parcialmente la cabeza.
También en 2018, otro caso dejó consternada a la población, al conocerse el descuartizamiento de Pablo Monrroy, a manos de su pareja Felícita Guevara, de 29 años de edad.
Ella misma dio detalles escalofriantes como que lo picó estando todavía vivo.
En este y en los otros casos citados, el procedimiento aplicado a los imputados fue el regular, incluyendo el traslado a un centro penal común.
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