La ley que establece el programa de formación en materia de educación en sexualidad y afectividad, fue promulgada en Gaceta Oficial por el Gobierno Nacional. La norma busca proteger a los niños, niñas y adolescentes de los embarazos precoces, las enfermedades de transmisión sexual y los delitos sexuales.
Además de educar, identificar y prevenir sobre los delitos contra la integridad sexual, en prejuicios y las acciones que se deben tomar al identificarlo. Este programa será estrictamente científico, sin dejar de lado la importancia del fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales y el equilibrio afectivo emocional.
Se debe sustentar en elevados valores éticos, inspirados en el respeto a la vida y a la desigualdad de las personas.
Deberá ser implementado en todos los centros educativos oficiales y particulares, juntas comunales, centros de salud, casa hogares y centros de atención, centros de custodia y cumplimientos para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley en Panamá.
Dichos centros educativos deberán notificar sobre los temas a tratar en cada clase, taller, curso, charla o iniciativa del programa, la familia por su parte debe orientar al menor de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Educación (Meduca) y el Ministerio de Salud (Minsa).
Debido a que será dictado por el personal docente con el apoyo del personal capacitado del Minsa y se adecuará de acuerdo a su nivel de madurez, etapa de desarrollo y edad cronológica de los estudiantes.
Contará con la adaptación en las lenguas de los pueblos originarios del país (kuna, ngäbe, buglé, emberá, wounaan, naso tjerdi y bri bri), y se capacitará a los líderes comarcales para la correcta ejecución del programa.
El Meduca con el apoyo de instituciones competentes, debe realizar evaluaciones anuales sobre el impacto y las mejoras del programa. Los resultados deberán ser publicados en un informe anual, sustentado mediante datos estadísticos y cuadros comparativos entre un año y otro.
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El Estado a través del Meduca, Minsa y demás instituciones, destinará anualmente las partidas y los fondos necesarios para garantizar la implementación del programa.
El embarazo infantil y adolescente continúa siendo un problema de salud pública en el país y cada vez a edades más tempranas, lo que de manera directa afecta la salud integral de las niñas, e indirecta, a su grupo familiar y a la sociedad.
Panamá es el cuarto país con adolescentes embarazadas, esta ley busca salir de esta alarmante posición y comenzará a regir para el año 2023.
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