En medio del escándalo de abusos a menores de edad en albergues, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, un proyecto de ley que crea y regula el Sistema de Acogimiento como medida de protección, de carácter temporal, para niños y adolescentes privados del cuidado parental.
La propuesta fue presentada por la diputada oficialista Zulay Rodríguez y busca que los niños sean acogidos en un entorno adecuado, preferentemente a sus familias, en primer lugar, propios o extensivas, y que se fomente ese contacto.
La norma establece que todos los hogares institucionales que presten servicios dirigidos a personas hasta los 18 años en el ámbito de protección, deberán estar siempre habilitados y bajo la supervisión y evaluación periódicas de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), para el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes que albergan.
Los interesados en ser familias acogentes solidarias o amigas deberán aportar un certificado de culminación del Programa para la Familia Acogentes, emitido por la Senniaf, una vez complete y apruebe su formación.
Sin embargo, no podrán incluirse en el Sistema de Acogimiento familiar las personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos, personas jurídicas y los funcionarios de la Senniaf, Órgano Judicial, Ministerio Público y profesionales que hayan intervenido.
La diputada Rodríguez, junto a los miembros de la Comisión de la Mujer, La Niñez, la Juventud y la Familia, presentaron ante el Ministerio Público una denuncia por maltratos y abusos en niños, de al menos, 14 albergues que eran subsidiados por la Senniaf.
Un informe elaborado por esa comisión, con más de 700 páginas, determinó maltratos, abuso sexual a niños con discapacidad e incluso recibían comida de perros como alimento.
Los albergues en Panamá están administrados por ONG y fundaciones, pero están bajo la supervisión del Estado a través de la Senniaf, que en su junta directiva tiene a las carteras de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría, y en muchos casos se les otorga fondos públicos.
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Estos hechos han levantado protestas contra la Senniaf y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) al ser vistas como principales responsables, e incluso contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, muy criticado por sectores políticos y sociales por su "tardía" e "insuficiente" reacción.
Una semana después de presentado el informe parlamentario, Cortizo hizo unas escuetas declaraciones grabadas y televisadas exigiendo máximo castigo para los responsables, e instruyó al Senniaf y al Mides a construirse como querellantes en el proceso judicial, una decisión que ha incrementado la indignación social.
