Ante el anuncio de nuevas jornadas de protestas a nivel nacional por parte de familiares de las víctimas y afectados por el dietilenglicol, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado donde se compromete a dar un informe actualizado, a más tardar hoy, sobre los 322 expedientes que estaban pendientes de reevaluación.
No obstante, otros 1,000 expedientes adicionales todavía están esperando ser analizados por el comité gubernamental, un tema que preocupa a los miembros del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, quienes temen que concluya el gobierno del presidente Juan Carlos Varela sin que se terminen las revisiones.
Según la legislación vigente, es necesario contar con una certificación oficial para que el paciente afectado por el envenenamiento masivo pueda acceder a la pensión vitalicia y a otros beneficios que se ofrecen a manera de compensación por los daños a su salud.
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Gabriel Pascual, vocero del movimiento de afectados por el dietilenglicol, denunció demoras en el proceso de certificación.
Por ejemplo, explicó que los 322 expedientes que deben ser resueltos hoy, le tomó al Minsa entre 6 y 8 meses de trámite.
Y en la recta final del Gobierno corresponde ahora abrir el siguiente proceso con 1,000 casos que no habían interpuesto denuncias en el Ministerio Público.
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"Presionaremos hasta el último día de este gobierno para que se revisen todos los casos, porque de lo contrario a la persona afectada le tocaría empezar de cero con la administración entrante", explicó Gabriel Pascual.
1,069
casos a la fecha cuentan con la certificación y pueden acceder a la pensión vitalicia aumentada.
$800
mensuales es el nuevo monto de la pensión (antes $600) que modificó la Ley N.°80.
