El Ministerio de Salud (Minsa) intenta zafarse de una condena que le costaría al Estado unos $24.6 millones, derivados de un litigio por incumplimiento de contrato con un contratista.
El Minsa fue condenado por un Tribunal Arbitral el pasado 18 de mayo de 2021 y por ello le solicitó al Ministerio Público que promueva un recurso de nulidad contra esta condena, en defensa de los intereses del Estado.
El Minsa mantiene un litigio con la empresa Ortíz Construcciones y Proyectos S.A., que llevaba a cabo el contrato para la construcción de la "Tercera etapa de redes de alcantarillado sanitario para San Miguelito".
De acuerdo con el Minsa, la empresa contratista incurrió en "sucesivos incumplimientos de sus obligaciones contractuales que le son imputables", lo que trajo como consecuencia la suspensión unilateral de la obra por la imposibilidad de terminarla.
El litigio fue conocido por el Tribunal de Contraciones Públicas que se declaró inhibido.
"Que el Estado, representado por el Ministerio de Salud, debe abocarse a utilizar todos los medios jurídicos a su alcance para preservar y defender sus bienes e intereses, máxime cuando después de un análisis del Laudo Arbrital proferido, se ha llegado a la conclusión que existen suficientes elementos, de hecho y de derecho, para impugnar dicho laudo", destaca la Resolución Ejecutiva.
Dicho proyecto inició su construcción el 21 de octubre de 2015, luego de la entrega de la orden de proceder el 7 de octubre de ese mismo año.
Dicha Resolución Ejecutiva fue pulicada en Gaceta Oficial.
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El Minsa sostiene que la Ley 22 de 2006 le permite rescindir administrativamente un contrato cuando se registren incumplimientos recurrentes por parte de los contratistas. No obstante, el contratista hizo uso de cláusulas existentes en el contrato para demandar al Estado por una suma millonaria.
