Desmantelan red de contrabando de tabaco; hay funcionarios implicados

Nueve personas que fueron señaladas como miembros de una red criminal dedicada al contrabando de tabaco, desde la Zona Libre de Colón hacia la frontera con Costa Rica (Paso Canoas), fueron aprehendidas como parte de la Operación Zona Norte.

Entre los aprehendidos durante las nueve diligencias de allanamiento y registro, adelantadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, figuran 3 funcionarios, un exfuncionario de Aduanas y particulares.

Se detalló que hoy fueron capturados 7 de los sospechosos, mientras que los otros dos fueron ubicados el año pasado durante la fase investigativa del caso, cuando se les decomisó 4.2 millones de dólares en medio de varias acciones.

La investigación preliminar de este caso detalla que los miembros de esta organización se aprovechaban de los cargos que tenían para evadir los controles legales y aduaneros. Además, facilitaban activamente el ingreso, transporte y distribución de la mercancía.

Hoy se ubicaron varias residencias en áreas exclusivas de la ciudad capital donde residen los funcionarios vinculados. 

También se decomisó más de 12 mil dólares, un arma de fuego ilegal, un vehículo de alta gama, un four wheels, además de otros indicios.

 




Alcaldía de San Miguelito interpone varias querellas contra Revisalud

La Alcaldía de San Miguelito presentó sendas querellas penales en contra de la empresa Revisalud y su grupo económico Interaseo por la comisión de los posibles delitos en contra del patrimonio, contra el orden económico, contra la administración pública y contra el medioambiente.

Claudio Francis, director de asesoría jurídica de la Alcaldía de san Miguelito, señaló que Revisalud, empresa encargada de recoger los desechos en San Miguelito los últimos 25 años, habría "causado perjuicio a los contribuyentes, al medioambiente y al patrimonio municipal".

De acuerdo con Francis, una vez terminado el contrato de concesión el pasado 18 de enero, al día siguiente la empresa tenía que devolver todos los equipos para la prestación del servicio al Municipio, si embargo, según el abogado eso no ha ocurrido.

"Lo que no hemos percatado es que la empresa, a través de distintas sociedades anónimas, ha ocultado bienes que han sido utilizados para el servicio de San Miguelito y que se encuentran en otras sociedades anónimas distintas a Revisalud con el ánimo que esos bienes no se devuelvan al municipio", aseveró.

Para Francis "es importante que la comunidad sepa que el municipio no se encuentra satisfecha con que la empresa haya cobrado por adelantado una tasa de aseo cuando ni tiene el derecho de hacerlo y cuando paralelamente cobra por adelantado decide dejar de prestar el servicio".

"Eso en el municipio lo consideramos inaudito y encontramos esta actuación como un delito de estafa en contra de los contribuyentes de san miguelito", precisó.

 




Ministerio Público investigará lo dicho por el representate Javier Valverde

La Procuraduría General de la Nación informó que ha iniciado de oficio una investigación, a raíz de los señalamientos realizados por Javier Valverde, representante del corregimiento de Belisario Porras durante su intervención en el Consejo Municipal.

"Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, ha procedido a activar los mecanismos correspondientes para recabar la información necesaria, verificar los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades penales, garantizando en todo momento el debido proceso y el respeto a los derechos de las partes involucradas", dijo la Procuraduría en un post en X.

Y es que el representante Javier Valverde aseguró que le ofrecieron 100 mil dólares para apoyar a la empresa Revisalud, que hasta el 18 de enero tenía la concesión de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito.

“Recibí un día la visita de lobistas que me propusieron 100 mil dólares para que apoyáramos a Revisalud”, contó Valverde frente al pleno. La oferta estaba clara: 20 mil para los lobistas y 80 mil para mí", señaló.

 “Obviamente yo no estaba metido en eso y más nunca volví a recibir esta propuesta”, dijo, aunque semanas después volvieron a contactarlo, cuando se decidía el futuro del servicio de recolección.

Valverde fue directo: “Aquí denuncio una corrupción evidente a toda la faz de este país, de este distrito de San Miguelito. Se han dejado llevar por el amor al dinero”.

¿Y la denuncia?

Por su parte, Luis Eduardo Camacho, diputado del partido Realizando Metas (RM), calificó de “irresponsable” las declaraciones del representante de Javier Valverde, por no haber presentado una denuncia formal tras el supuesto ofrecimiento de un soborno.

Camacho resaltó que el representate Valverde reconoció "que él no denunció que le habían dado la coima hasta este momento”.

“Al quedarse callado de un supuesto ilícito, él está cometiendo otro ilícito”, argumentó el diputado.

 




Caso Odebrecht: Presiones internas prevalecen sobre el debido proceso

El juicio por el caso Odebrecht se retoma hoy, miércoles, en medio de la alerta de abogados defensores, quienes sostienen que existen suficientes elementos jurídicos para afirmar que este proceso nunca debió avanzar, pero fue empujado por presiones internas que han prevalecido sobre el debido proceso.

El abogado Pedro Meilán fue enfático al señalar que el juicio no debió iniciar, principalmente porque la jueza Baloisa Marquínez se encuentra atendiendo de manera paralela el caso Fisher dentro del Sistema Penal Acusatorio, una situación que según la defensa compromete la correcta dirección de ambos procesos.

"Yo pensaba que se iba a suspender la audiencia por uno o dos meses hasta que ella terminara el otro caso, pero la idea es hacerlo a toda costa", expresó Meilán.

El jurista también reiteró que el año pasado la propia jueza Marquínez suspendió una audiencia argumentando la ausencia de testigos internacionales, lo que impedía el contradictorio y podía derivar en una violación al derecho a la legítima defensa. Sin embargo, según Meilán, las condiciones actuales son exactamente las mismas.

"Yo me tomé la molestia de leerle a la jueza su propia resolución del año pasado y le pregunté si había cambiado su criterio. Ella respondió que tenía la facultad de decidir, pero la realidad es que ni siquiera fuimos notificados de un cambio formal", denunció.

Meilán cuestionó, además que, la jueza pretenda fallar con base únicamente en las entrevistas contenidas en el expediente, lo que a su juicio no garantiza el derecho al contradictorio.

"Eso me parece una violación tajante al debido proceso y vulnera directamente mi derecho a la legítima defensa", sostuvo.

Otro punto crítico señalado por la defensa es la actuación de la Fiscalía, particularmente por la introducción tardía de supuestas pruebas extraordinarias. Meilán cuestionó que, en un proceso con más de 10 años, la fiscal Ruth Morcillo aparezca con 13 mil fojas que, según dijo, nunca pudo practicar durante la etapa de investigación.

"Llegó con una carretilla de tomos diciendo que son pruebas extraordinarias. ¿Cómo se pretende que la defensa revise 13 mil fojas cuando el propio personal del juzgado solo lee 80 páginas al día?", reclamó.

Esta situación provocó un receso de apenas tres días, tiempo que la defensa considera insuficiente para analizar un volumen tan extenso de documentación. Aunque lograron extraer copias del expediente en un USB, Meilán advirtió que la audiencia se reanudó con la clara intención de acelerar el proceso, debido a la carga de trabajo de la jueza.

"Nos quieren poner el acelerador. Pretenden sacar esta audiencia lo antes posible y los abogados defensores tenemos que someternos a lo que determine la jueza, aun cuando eso afecte el equilibrio procesal", afirmó.

La defensa también denunció que muchas de las pruebas presentadas carecen de las debidas autenticaciones, situación que será asunto de objeciones durante la audiencia y cuya admisión o rechazo quedará en manos de la jueza.

Meilán advirtió que el proceso está plagado de nulidades, especialmente porque varias de las pruebas que se intentan incorporar fueron anuladas en Brasil, tras revelarse que algunas condenas fueron revocadas por manipulación de evidencias.

Antes de entrar al fondo del caso, la jueza está obligada a resolver los errores de forma y las nulidades, porque en derecho estos deben ser atendidos de manera previa, sin importar la presión social o mediática por obtener condenas, señaló la defensa.



6


días se cumplen hoy desde que inicio el juicio por el caso Odebrecht.

 

13


mil nuevas fojas pretende integrar la Fiscalía al expediente de este caso.

 


Corte analiza incorporación de Inteligencia Artificial al sistema de justicia

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) analiza la posibilidad de incorporar a su labor el uso de inteligencia artificial, especialmente en procesos civiles, para agilizar el trabajo de los jueces, informó el magistrado Olmedo Arrocha.

Mencionó que la integración de tecnología al Órgano Judicial, además de abreviar las audiencias, facilitará el proceso de investigación y toma de decisiones, sin que ello implique un reemplazo de los seres humanos; al contrario, los resueltos seguirán siendo su responsabilidad.

"Ese razonamiento necesita del pensamiento humano; donde podemos utilizar la inteligencia artificial es en actividades periféricas que facilitarán el trabajo del juez", dijo.

Explicó que, antes de poner en marcha esta iniciativa, es necesario reglamentar su uso interno y externo para que la ciudadanía tenga la certeza de que esta herramienta tecnológica no intervendrá en la ética de los administradores de justicia.

No obstante, aclaró que el tema aún está en discusión en el pleno de la CSJ, en donde requiere del voto de la mayoría para su aplicación.

El magistrado indicó que, con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, se busca que los casos en primera y segunda instancia sean resueltos en menos de 1 año y medio; sin embargo, deben culminar con la transición, que mantiene cerca de 10 mil expedientes en la fase de liquidación que no debería extenderse más allá de 5 años para no afectar el clima de inversiones en el país.

Dicha transformación, a su juicio, requiere de mayor asignación presupuestaria para la contratación de jueces y personal administrativo necesario para avanzar con el proceso.

"Para cumplir con estos retos necesitamos de la simbiosis, sincronización y solidaridad de los otros dos órganos del Estado (Ejecutivo y Legislativo)", agregó.

Según Arrocha, en los próximos dos años, se necesitarán entre 5 y 10 millones de dólares para culminar esta etapa.



10


mil expedientes están en proceso de liquidación tras la entrada en vigencia del Código Procesal Civil.

 

$5


millones se necesitarán, según el magistrado Arrocha, para agilizar la transición.

 


Aprehenden a sujeto sentenciado por violación agravada en Capira

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un hombre requerido por las autoridades judiciales, con una condena de 9 años de prisión por el delito de violación agravada.

La aprehensión se llevó a cabo durante acciones operativas en el sector de Ollas Arriba, distrito de Capira, donde el sujeto fue ubicado y puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

También se informó que junto al Ministerio Público, realizan operativos en Panamá y San Miguelito por delitos financieros y blanqueo de capitales, logrando la aprehensión de tres personas, entre ellas un representante del distrito de San Miguelito. 

Mientras que en la Terminal de Albrook, fue aprehendido a una persona solicitada por el delito de microtráfico. Durante la acción se le decomisó presunta sustancias ilícitas, detalló la Policía Nacional.

Además, informó que en las últimas 24 horas colocamos 857 boletas por incumplir el Reglamento de Tránsito: 116 por exceder los límites de velocidad, 84 por luces inadecuadas, 11 por embriaguez comprobada y 48 vehículos removidos en grúa.

Por otro lado, el Ministerio Público destacó informó que Dos hombres fueron condenados a 108 meses de prisión, por Tráfico Internacional de Drogas, luego que la Fiscalía de Drogas de Darién presentara las pruebas que los vinculan al decomiso de 278 paquetes con marihuana, ocurrido el 17 de enero de 2026, en Jaqué.

El Servicio Nacional de Fronteras (senafront), que formó parte de la operación, indicó que esta aprehensión se ejecutó como parte de las estrategias permanentes de control y vigilancia que mantiene esa institución en áreas de difícil acceso, con el objetivo de combatir el narcotráfico y otras actividades delictivas transnacionales que amenazan la seguridad nacional y regional.




En mayo habrá convocatoria para jueces comunitarios

La justicia comunitaria ahora está en manos del Ministerio de Gobierno (Mingob) y a pesar de la reacción de varios jueces de paz que han criticado la transición, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo indicó que muchos que ocupaban estos cargos han vuelto a ser nombrados.

“Muchos de los que hoy estamos nombrando eran personas que anteriormente habían estado haciendo la función de juez de paz”, recalcó la titular. 

Agregó que con esto se demuestra que es falso que no hayan permitido que participaran los que estaban en esos puestos, anteriormente. 

Montalvo anunció que en mayo se convocará a un concurso que se viene organizando desde hace tiempo mediante el cual los seleccionados entrarán en una estructura funcional dentro de un sistema de justicia de paz.

A juicio de la ministra de Gobierno en los 10 años de vigencia que tiene la justicia comunitaria no existió un sistema como tal y a nadie le importó, por lo que  está tratando de poner orden en este tema.

Montalvo dejó claro que no permitirá que el tema se politice y, por eso, se sacó a la justicia de paz de los municipios, para que haya mayor transparencia.

Hasta la semana pasada, cuando la ministra dio un primer informe de lo que había acontecido en los primeros días con la administración de la justicia de paz, había 75% de los jueces en sus puestos y la expectativa era que hasta el pasado 16 de enero ese porcentaje hubiera subido a 90%.

Competencias

Con la Ley 467 de 24 de abril de 2025, el juez comunitario tendrá competencia para decidir sobre alteración de la convivencia pacífica, actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana, riñas o peleas, quemas de basura, provocaciones o amagos, ruidos que causen molestia, daños causados por animales domésticos, actos que perturben el goce pacífico de la propiedad, actos que atenten contra la moral, agresiones verbales que alteren la convivencia, agresiones físicas con incapacidad menor a 30 días, y  apropiación de un bien mueble ajeno, sin la utilización de violencia, siempre que la cuantía no exceda 1,000 dólares.

Además, conocerá controversias civiles o comunitarias en asuntos que no excedan los mil dólares, asuntos relacionados con servidumbre, paredes y cercas medianeras, cobros de gastos comunes relativos al régimen de Propiedad Horizontal y procesos de desalojo y lanzamiento por intruso.

Los jueces comunitarios podrán autorizar orden de alejamiento, suspensión temporal de actividades y obras relacionadas con los conflictos vecinales, orden de desalojo en caso de violencia o peligro fundado para la víctima y boleta de protección. 

Adicional, está facultado para la aprehensión provisional de los bienes utilizados en la comisión de la infracción.




Abogado y pastor enfrentan cargos por estafa de $1.5 millones a una iglesia

Un abogado y un pastor fueron imputados por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, en perjuicio de una iglesia ubicada en Llano Largo de La Chorrera, donde se causó una lesión económica de millón y medio de dólares.

Se informó que durante la audiencia, a solicitud de la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico, se legalizó la aprehensión, se dio la imputación de cargos y se ordenó la detención provisional para el jurista; mientras que al pastor se le ordenó el arresto domiciliario debido a su edad, mientras se desarrollen las investigaciones.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos de este caso se remontan al 31 de mayo de 2017, cuando en la ciudad de Panamá, sin contar con autorización de la Asamblea General de la iglesia, el pastor suscribió un pagaré fraudulento con el abogado, representante legal de una empresa, documento que garantizaba un préstamo simulado en favor de esta; obligación que fue deliberadamente incumplida, por lo que se apoderó de bienes, terrenos y activos de la congregación, causando un perjuicio económico de $1,500,000.

La defensa apeló la decisión y se agendó la audiencia de apelación para el día 2 de febrero de 2026, a las 8:30 a.m.




Nuevas pruebas en caso Odebrecht evidencian prácticas corruptas del Ministerio Público

La falta de transparencia del Ministerio Público volvió a quedar en evidencia durante la primera semana del juicio por el caso Odebrecht, luego de que la Fiscalía presentara de manera sorpresiva nuevas pruebas extraordinarias. Según la defensa, esta actuación dejó a los abogados en una situación de total indefensión y vulneró los principios de buena fe y lealtad procesal.

De acuerdo con el abogado Carlos Carrillo, parte de esa documentación ya reposaba en el expediente o fue anulada en Brasil.

"Ahora en la etapa de pruebas nos anuncian 10,000 páginas nuevas, hay 10,000 páginas más de las cuales dos de esas pruebas, dice la fiscal, sí tienen carácter extraordinario. La otra era una contestación de asistencia", dijo Carrillo.

Carrillo también señaló inconsistencias en el criterio judicial. Recordó que en enero de 2025 la jueza suspendió el proceso para garantizar el derecho al contradictorio, pero que un año después cambió su postura y anunció que valorará los testimonios brasileños bajo la sola crítica, sin permitir repreguntas.

"Esperamos un año bajo una premisa y, al iniciar la audiencia, se nos cambia completamente el escenario".

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho denunció que las supuestas nuevas pruebas no cumplen ni siquiera con los requisitos básicos para darle validez jurídica. Añadió que varias de esas pruebas fueron anuladas en Brasil.

"La más reciente prueba de las prácticas corruptas de los funcionarios del Ministerio Público está en la sorpresiva presentación de supuestas nuevas pruebas provenientes de los Estados Unidos; cuando la realidad es que ya reposaban en el expediente, muchas fueron anuladas en Brasil y no pueden ser usadas como pruebas", expuso.

Señaló que el caso Odebrecht evidencia la urgente necesidad de sanear el Ministerio Público y separar a funcionarios que, según dijo, han politizado y mercantilizado la institución.

A las críticas se sumó el abogado Pedro Meilán, quien cuestionó la lealtad procesal y las faltas a la buena fe de parte de la fiscalía.

"¿Ustedes creen que es justo que una fiscal se aparezca con un carro con 13,000 fojas? Y que a nosotros nos digan que a través de un USB vayan 3 días y vayan a resolver. Claro, porque nos estamos acomodando a los tiempos del juzgador. El juzgador como tiene tiempos de dos audiencias, ya no puede moverse de ahí y nosotros somos los que estamos saliendo afectados", expuso.

Meilán lamentó los tiempos con los que se han presentado estas pruebas porque está seguro que llegaron hace rato.

"Esas son cosas en las que el código habla de lealtad y buena fe. Y yo no estoy acusando ni señalando, sino diciendo, 'oye, tú en 10 años tuviste todo el momento para entregarme todo esto para yo poder defenderme'. Resulta que allí hay una prueba en la cual ellos quieren crear el tema del delito precedente por el tema de blanqueo de capitales o ahondar en el mismo", expuso.

Donaciones sustentadas

La abogada Jessica Canto, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, reiteró que las donaciones de la empresa brasileña están 'debidamente declaradas y justificadas' ante las autoridades como lo que fueron, donativos de campaña.

 

La jurista considera que las explicaciones dadas por la Fiscalía durante la primera semana de audiencia ordinaria no buscan otra cosa que criminalizar las donaciones de la constructora destinadas a diversos medios locales que también deberían ser parte del proceso, pero no están incluidos.



3


días hábiles tuvieron los abogados defensores para revisar las pruebas.

 

13,000


fojas con "nuevas" pruebas presentó la semana pasada la fiscalía.

 


Camacho denuncia corrupción en el MP y critica nuevas pruebas de Odebrecht

El diputado Luis Eduardo Camacho volvió a apuntar al Ministerio Público, asegurando que la justicia está siendo manipulada en el caso Odebrecht.

Camacho calificó la situación como “la peor de las formas de corrupción” y aseguró que la institución necesita una limpieza urgente para sacar a los funcionarios que, según él, han politizado y mercantilizado la justicia.

El diputado criticó la reciente presentación de supuestas “nuevas pruebas” provenientes de Estados Unidos.

Según Camacho, muchos de esos documentos ya estaban en el expediente, varias fueron anuladas en Brasil y, además, no cumplen con los requisitos básicos para tener validez legal, como traducciones certificadas al español por profesionales reconocidos.

Por ahora, los documentos solo cuentan con el sello del propio Ministerio Público.

El mensaje de Camacho refleja la preocupación sobre la transparencia de la institución y plantea dudas sobre cómo se están manejando los procesos judiciales en casos de alto impacto como Odebrecht.