La abogada Jessica Canto, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, reiteró que las donaciones de la empresa brasileña están ‘debidamente declaradas y justificadas’ ante las autoridades competentes como lo que fueron donativos de campaña, por ello, esperan que se haga justicia y se cumpla con el debido proceso.

Señaló que su representado está tranquilo, pero también tiene muchas expectativas por el resuelto de este caso debido a que ha sufrido “muchas injusticias” que lo hacen pensar que “nuevamente correrá la misma suerte”.

No obstante, seguirá participando de todas las etapas del proceso, como ha hecho hasta el momento, a la espera de la decisión final.

“Ricardo ha estado muy pendiente de su audiencia y ha tenido inmediación cuando se le ha preguntado algo por parte de la jueza; su estado de salud está estable y se mantiene expectante de que se haga justicia”, dijo en Nex Noticias.

La jurista considera que las explicaciones dadas por la Fiscalía durante la primera semana de audiencia ordinaria no buscan otra cosa que criminalizar las donaciones de la constructora destinadas a diversos medios locales que también deberían ser parte del proceso, pero no están incluidos.

Agregó que le parece “injusto” que en el país se lleve a cabo un juicio sin pruebas porque si en Brasil fueron anuladas, a nivel local debería suceder lo mismo, pero no se adelantará al criterio de la jueza Baloisa Marquínez.

“Esperamos que ella esté valorando todo y que en esta ocasión haga lo justo con el expresidente Ricardo Martinelli porque ni siquiera en audiencia deberíamos estar, todos deberían estar libres porque se trata de un caso que ya fue nulo en Brasil”, afirmó.

Detalló que el resto del equipo legal del exmandatario se encuentra haciendo lectura de las pruebas presentadas para sustentar su posición una vez se retome el caso el próximo 21 de enero de 2026.

La semana pasada, la jueza Marquínez declaró un receso de tres días para que los abogados de los defensores analizaran las nuevas pruebas incorporadas por la Fiscalía.

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El Ministerio Público admitió la querella interpuesta por el influencer Juan Pablo Barceló contra el excandidato presidencial Ricardo Lombana.

Trascendió que el fiscal Reynaldo Lay, de Atención Primaria  de la Fiscalía Metropolitana, admitió la acción liderada por el abogado Joel Brown en representación de Barceló.

El influencer solicita un resarcimiento de 75 mil dólares por los presuntos delitos de calumnia  e injuria.

La acción legal surge luego de que Barceló publicara un video al azar y Lombana, desde su cuenta, le comentara: “Espero estén cobrando duro. Qué triste vivir de cobrar por decir mentiras y encima con vulgaridades”.

En su momento, Barceló señaló que, aunque considera que el proceso “no llegará a nada” debido al “poder”  que tiene Lombana, decidió aun así presentar la querella.

“Él tiene que aprender a respetar, porque él cree que es la única persona que aquí en este país que puede hacer oposición y todo lo que dice es verdad”, afirmó.

Agregó que en Panamá se ha creado un ambiente en que si se dice algo a favor o en contra de alguna situación es porque te están pagando.

Recordó que en 2019, cuando nadie conocía a Lombana,  él “dio el pecho”, soportó insultos y no recibió ningún pago por sus comentarios.

A  juicio de Barceló, Lombana “se convirtió en una persona prepotente, sedienta de poder”.
 

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El abogado Carlos Carrillo, quien forma parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en el caso Odebrecht, criticó que a través del sistema judicial se pretenda criminalizar las donaciones políticas, pese a que no existe una norma que las prohíba.

De acuerdo con Carrillo, el destino de las donaciones recibidas por Martinelli en la campaña política de 2009 está debidamente sustentado en declaraciones.

Indicó que en el auto de llamamiento a juicio se menciona que hay por lo menos cuatro personas identificadas que están vinculadas a donaciones políticas de 2009.

Carrillo cuestionó qué seriedad puede tener una acusación que vincula a donaciones políticas a un caso de blanqueo de capitales. 

El jurista también negó la afirmación de que en el caso de Odebrecht no se haya condenado a nadie, y sostuvo que en Brasil el proceso fue anulado, y hoy en día,  el presidente del país es Ignazio Lula Da Silva, quien fue condenado dentro de ese expediente.

En cuanto al desarrollo del juicio, Carrillo reiteró que el 21 de enero de 2025 se suspendió la audiencia porque se quería dar el derecho al contradictorio, sin embargo, cuando inició la audiencia el 12 de enero pasado la jueza, Baloisa Marquínez, sorpresivamente cambió su jurisprudencia y decidió valorar los  testigos de Brasil.

Indicó además que esta audiencia  inició complicada por la cantidad de personas que están vinculadas a la investigación.

“Al día de hoy no se nos ha presentado un censo específico de cuántas condenas ya existen en este expediente, cuáles son las penas y cuáles son las responsabilidades”, afirmó Carrillo el el programa Debate Abierto.

El abogado explicó que Martinelli está participando en la audiencia para cumplir con los tratados y convenio internacionales, ya que, en su condición de asilado, fue notificado por las autoridades colombianas y atendió dicha notificación.

Además señaló que la jueza del caso actúa ad honorem, en virtud de un acuerdo del pleno de la Corte Suprema de Justicia, medida que, según dijo,  busca dar respuesta a la ciudadanía, no obstante, criticó que fuera de esta manera porque no se tiene a una jueza que fuera constituida antes de los hechos.

Cabe mencionar que el juicio por el caso Odebrecht se reanudará el miércoles 21 de enero a las 8:30 a.m.,  para que las partes revisen un nuevo bloque de documentación incorporada al expediente.

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