El Ministerio de Educación (Meduca) adjudicó a la empresa IS Group la entrega de 54 mil computadoras portátiles para los educadores por $28.4 millones.

IS Group es una sociedad inscrita en el Registro Público el 30 de junio de 2011. Tiene como presidente a Kassem Fares Redondo y como agente residente a Yarilis Maribel Serrano.

Fue la única empresa que presentó propuesta para el renglón de las computadoras de los docentes.

El monto ofrecido fue superior en $1.1 millones al precio de referencia, que era $27.2 millones.

El promedio del costo por cada equipo sale en $527.45.

En el renglón de las licencias Microsoft M365, se presentó la compañía GBM, pero fue rechazada de plano porque el monto de la fianza presentada fue inferior al 10% de su propuesta y, en consecuencia, fue declarado desierto.

El renglón más importante, dirigido a la compra de 531 mil 250 computadoras portátiles para estudiantes fue declarada desierta, ya que no se recibieron propuestas.

El precio de referencia para las licencias es $4.6 millones, mientras que el de las computadoras para los estudiantes asciende a $268.5 millones.

En declaración brindadas a los medios de comunicación, el 30 de agosto de 2025, la ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció el compromiso de adquirir y entregar computadoras a docentes y estudiantes a partir del año académico 2026.

Las clases inician el próximo 2 de marzo, por lo que será poco probable que los estudiantes cuenten con sus equipos ese día, debido a que el Meduca tendrá que realizar otra licitación para adjudicar las computadoras portátiles a los niños y jóvenes, además de las licencias para los programas que se incorporarán en los dispositivos.

El Meduca considera fundamental la dotación de computadoras portátiles a los docentes, ya que permitirá que desarrollen sus habilidades digitales, accedan a plataformas de gestión del aprendizaje y recursos educativos digitales, y se mantengan actualizados con las tendencias pedagógicas modernas.

"Este proyecto de adquisición de computadoras portátiles para estudiantes y docentes representa un paso crucial para garantizar una educación de calidad, adaptada a las demandas de la era digital", registra la justificación de la entidad para la adquisición de los equipos.

Entrega

Los proveedores deberán hacer entrega de los equipos en las regiones educativas a nivel nacional, por lo que deberá coordinar con personal de la Dirección Administrativa y de la Dirección Nacional de Informática, los lugares en cada región para distribuirlos.

Las computadoras portátiles deben ser de última generación en su hardware y software, por lo cual, durante las fases de entrega de equipos se deben revisar que los mismos cumplan con estas características.

La garantía de las computadoras que se le dará a los educadores será de 4 años, según se describe en el pliego de cargos.

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Como en la administración del presidente Ricardo Martinelli, en este gobierno se planteó la necesidad de dotar de computadoras al personal docente y los estudiantes.

El renglón de mayor cuantía, el de los estudiantes, quedó desierto, e igual destino tuvo el de las licencias de los programas.

La convocatoria del acto público se realizó el 19 de septiembre, mientras que la entrega y apertura de propuestas se efectuó el 23 de diciembre.

La entrega de equipos se realizará a través de cada dirección regional de educación.

La licitación para escoger a la nueva empresa que se encargará de recoger la basura en San Miguelito va rumbo a ser declarada desierta, luego que la comisión evaluadora determinara que ni una de las empresas cumplía con los requisitos establecidos.

Lo que debiera seguir es que se convocara a otra licitación, no obstante, la actual situación que se vive en el distrito en el que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) está encargado del servicio desde el lunes ha hecho pensar a la alcaldesa Irma Hernández sobre cómo proceder.

La autoridad local consultará a la Procuraduría de la Administración y a la Dirección General de Contrataciones Públicas para esclarecer si mantiene la facultad de seguir actuando en el proceso de licitación.

"En la medida que nos brinden respuestas más claras sobre el actuar y las capacidades que tenemos, podemos ejercer acciones en favor de seguir continuando con un proceso que busca una gestión integral de los desechos sólidos para el distrito de San Miguelito", dijo la alcaldesa.

En la licitación participó el consorcio Aseo Nacional para San Miguelito y el señor Gilberto Sanjur, cuya propuesta fue rechazada al no presentar la fianza de propuesta.

La comisión procedió a evaluar la propuesta de Aseo Nacional para San Miguelito, la cual es por $264 millones y al final detectó que incumplía en siete puntos del pliego de cargos, por lo que determinó descalificarla.

Hay un periodo de gracia para que el consorcio presente sus observaciones y reclamos, el cual una vez venza sin que haya dado ninguno de esos pasos, dejará en manos de la Alcaldía de San Miguelito la decisión de declarar desierto el acto público.

Querellas

Por otra parte, Hernández anunció que presentó tres querellas penales contra Revisalud.

Claudio Francis, director legal de la alcaldía, informó que la primera querella fue por delito ambiental, basada en la evidente reducción de la prestación de servicios desde finales del mes de noviembre hasta que terminó la concesión.

Otra querella fue por delito contra el Patrimonio, debido al cobro anticipado que la empresa realizó a los contribuyentes cuando, en forma paralela, redujo la prestación del servicio.

La tercera querella es por delito contra el Orden Económico y la Administración Pública.

Francis detalló que supuestamente hubo desvíos, ocultamiento y apropiación de bienes municipales, a través de distintas sociedades anónimas, los cuales no fueron revertidos al municipio.

"Muchos de estos bienes se encuentran registrados bajo distintas sociedades anónimas y esta actuación es un hecho que estimamos punible y que merece la investigación por parte de las autoridades correspondientes", planteó el asesor legal.

El contrato con Revisalud venció el pasado domingo, 18 de enero.

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El nuevo contrato es a 20 años y por $315 millones.

Según la alcaldesa Hernández la licitación incluía un plan integral para el manejo de los desechos.

Los representantes de San Miguelito ratificaron este martes que rechazaron la petición de Revisalud, que pidió en diciembre que se le diera una prórroga para seguir recogiendo la basura en el distrito.

El Consorcio Panameño de Alimentación Colón (Conalipa) sumó otro contrato, al adjudicársele la alimentación de la población penitenciaria de  Colón.

La  alimentación en la provincia es para una población de 2,793 personas, de las que 2,703 son presos, incluyendo 107 mujeres, 39 custodios y 51 policías.

La única propuesta evaluada fue la de este consorcio que presentó propuesta por $33.6 millones. 

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ratificó el informe de la comisión evaluadora del acto, que determinó que el otro consorcio participante, C&J Food Services Panamá, no cumplió con los requisitos mínimos obligatorios por lo que fue descalificado.

El consorcio ganador,  también tiene  a su cargo la alimentación de los detenidos de Panamá y Bocas del Toro.

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El proyecto No.301, que regula el arrendamiento turístico de inmuebles fue aprobado hace dos semanas en primer debate en la Comisión de Comercio de la Asamblea y representa un avance desde el punto de vista fiscal.

No obstante, a juicio de Mario Vargas, de   la Asociación Panameña de Administradores de Propiedades Horizontales (Apadeap), la iniciativa no resuelve el problema de las propiedades horizontales (PH). 

Y es que la mayoría de los PH en Panamá tienen uso residencial y no están preparados para un hospedaje turístico.

“En los PH los conserjes se van, los seguridad quedan cuidando el lobby, la administración no está y tu tienes personas externas que duermen una noche deambulando por las áreas comunes sin conocer el edificio como tal y ese es el verdadero problema de seguridad hoy en día en los PH y no se resuelve con el proyecto”, consideró Vargas. 

Por otra parte, el artículo que permitía la sanción en la Ley 80 sobre fomento del turismo se deroga con el proyecto. 

“Tenemos una regulación, tenemos prohibiciones, pero no tenemos sanción, lo que la haría una ley muerta y sin sentido”, advirtió el abogado. 

Otro punto que cuestionó el presidente de Apadeap es que la iniciativa crea un sistema de registro para los propietarios que deseen utilizar su apartamento de esta manera, pero en ninguno de los requisitos está si el PH permite o no esta actividad.

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La justicia comunitaria ahora está en manos del Ministerio de Gobierno (Mingob) y a pesar de la reacción de varios jueces de paz que han criticado la transición, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo indicó que muchos que ocupaban estos cargos han vuelto a ser nombrados.

“Muchos de los que hoy estamos nombrando eran personas que anteriormente habían estado haciendo la función de juez de paz”, recalcó la titular. 

Agregó que con esto se demuestra que es falso que no hayan permitido que participaran los que estaban en esos puestos, anteriormente. 

Montalvo anunció que en mayo se convocará a un concurso que se viene organizando desde hace tiempo mediante el cual los seleccionados entrarán en una estructura funcional dentro de un sistema de justicia de paz.

A juicio de la ministra de Gobierno en los 10 años de vigencia que tiene la justicia comunitaria no existió un sistema como tal y a nadie le importó, por lo que  está tratando de poner orden en este tema.

Montalvo dejó claro que no permitirá que el tema se politice y, por eso, se sacó a la justicia de paz de los municipios, para que haya mayor transparencia.

Hasta la semana pasada, cuando la ministra dio un primer informe de lo que había acontecido en los primeros días con la administración de la justicia de paz, había 75% de los jueces en sus puestos y la expectativa era que hasta el pasado 16 de enero ese porcentaje hubiera subido a 90%.

Competencias

Con la Ley 467 de 24 de abril de 2025, el juez comunitario tendrá competencia para decidir sobre alteración de la convivencia pacífica, actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana, riñas o peleas, quemas de basura, provocaciones o amagos, ruidos que causen molestia, daños causados por animales domésticos, actos que perturben el goce pacífico de la propiedad, actos que atenten contra la moral, agresiones verbales que alteren la convivencia, agresiones físicas con incapacidad menor a 30 días, y  apropiación de un bien mueble ajeno, sin la utilización de violencia, siempre que la cuantía no exceda 1,000 dólares.

Además, conocerá controversias civiles o comunitarias en asuntos que no excedan los mil dólares, asuntos relacionados con servidumbre, paredes y cercas medianeras, cobros de gastos comunes relativos al régimen de Propiedad Horizontal y procesos de desalojo y lanzamiento por intruso.

Los jueces comunitarios podrán autorizar orden de alejamiento, suspensión temporal de actividades y obras relacionadas con los conflictos vecinales, orden de desalojo en caso de violencia o peligro fundado para la víctima y boleta de protección. 

Adicional, está facultado para la aprehensión provisional de los bienes utilizados en la comisión de la infracción.

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Una vez se autorizó la compra de un terreno contiguo al aeropuerto de Isla Colón, en Bocas del Toro, la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) dividirá en dos fases su modernización.

Rafael Bárcenas Chiari, administrador de la AAC, informó que la primera fase comenzará este año con las mejoras iniciales que se requieren para poder habilitarlo como el aeropuerto internacional que es y que lleguen vuelos nocturnos.

En la segunda fase se trabajaría en el terreno, cuya adquisición está próxima a consolidarse, para reubicar allí la nueva terminal, su rodaje y construir el depósito de combustibles.

A pesar de que al aeropuerto José Ezequiel Hall de Isla Colón llegan turistas de todo el mundo, por su condición dista mucho de ser una terminal internacional.

Su remodelación se hará para tenga la categoría de internacional y en la primera fase se le instalará un cercado perimetral, se mejorarán las luces de pista y se instalará un sistema para aproximaciones nocturnas, se empezará a mejorar el edificio de la terminal y se trabajará para que pueda recibir aviones más grandes.

Para este año se tiene presupuestado $3.5 millones para comenzar las mejoras.

Bárcenas reconoció que el presupuesto era menor, pero han priorizado gastos para poder dotar a la primera fase de más recursos y poder completarla satisfactoriamente.

El funcionario agregó que para estos trabajos se necesitará el apoyo de los residentes cercanos a la terminal aérea, ya que gran parte del problema es la incursión de personas en la pista.

Para evitar esta situación se brindarán soluciones alternas, que incluye una carretera.

Para la segunda fase si se necesitan más recursos, alrededor de $20 millones para poder dotar al aeropuerto con reabastecimiento de combustible para que los aviones puedan llegar directamente y se puedan retirar sin tener que tocar otro aeropuerto en el territorio nacional.

En la actualidad la terminal alterna es el aeropuerto Manuel Niño, ubicado en Changuinola.

La finca que la AAC está comprando, por $6 millones, posee una extensión de 13.9 hectáreas.

El Consejo de Gabinete autorizó su adquisición el 19 de noviembre de 2025, mediante Resolución No. 137-25.

A finales de agosto del año pasado, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó el crédito adicional por la cantidad antes mencionada.

Bocas del Toro recibe 170 mil pasajeros anuales y la proyección con la modernización del aeropuerto es 500 mil pasajeros.

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Aeronáutica Civil informó que este aeropuerto cuenta con dos aerolíneas que ofrecen el servicio a diario.

En ese aeropuerto aterrizan naves Fokker 50 que tienen capacidad para 50 pasajeros, con cinco o seis vuelos diarios.

La pista se ampliará a 2.5 metros por ambos lados, se harán los accesos y los virajes de las calles de las pistas, lo que permitirá la utilización de aeronaves de 72 pasajeros.

La pista tiene 1,500 metros de largo.

Los 'líos' administrativos tampoco escapan del servicio de aseo en el distrito capital.

La contratación de las nuevas empresas para recoger la basura en 19 corregimientos de Panamá continúa dilatándose, luego que se presentara un nuevo reclamo a la licitación que se realiza en estos momentos.

La firma legal Quijano & Asociados presentó la acción en representación del consorcio Istmo Green Panamá, de capital panameño y colombiano.

Es el segundo reclamo de Istmo Green ante un tercer pronunciamiento de la comisión evaluadora del acto público que no le acredita el cumplimiento en su totalidad de los requisitos establecidos para el renglón 3 de la licitación.

De acuerdo con los integrantes de la comisión, Istmo Green incumplió con la acreditación de la experiencia técnica, entre otros puntos.

El informe provocó la reacción del consorcio que solicita que se nombre una nueva comisión que analice las propuestas presentadas en el renglón, en el que además participa el consorcio Aseo del Este.

El renglón 3 corresponde a la Zona 4 de la capital que incluye a los corregimientos de Tocumen, Pedregal, Mañanitas, Juan Díaz, Las Garzas, San Martín, 24 de diciembre y Pacora.

Reacción

En gran parte de su reclamo, Istmo Green brinda sus argumentos sobre lo que considera incumplimientos al pliego de cargos de parte del otro consorcio y que no fueron tomados en cuenta por la comisión evaluadora al momento de emitir su informe.

Por otra parte, expresa que su descalificación carece de fundamento legal, asegurando que presentó toda la información requerida en el pliego de cargos.

En lo concerniente a la experiencia técnica de la empresa, afirma que el pliego de cargos no establece de manera expresa ni implícita la obligación de utilizar un formulario o formato específico para la acreditación de dicho requisito.

"No resulta jurídicamente procedente que la comisión evaluadora introduzca, por vía interpretativa, una exigencia formal no prevista expresamente en el pliego de cargos ni mucho menos que convierta dicha interpretación en una causal de incumplimiento o descalificación de propuestas", expuso el bufete apoderado del consorcio reclamante.

De acuerdo con la firma de abogados, la certificación presentada por Istmo Green incluye la identificación de la entidad contratante, el objeto del contrato, el alcance del servicio, el volumen de operación, el periodo de ejecución y la validación formal de la entidad emisora, por lo que la finalidad del requisito de experiencia técnica se encuentra plenamente cumplido.

El reclamo fue subido al mediodía del pasado viernes, 16 de enero, al portal Panamá Compra y, ahora, se debe esperar la decisión de la DGCP sobre su admisión.

De ser admitida, se suspendería la licitación a la espera de un pronunciamiento de fondo de parte de la ente regulador.

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La convocatoria de la licitación se efectuó el 18 de junio de 2025.

Antes de la apertura de las propuestas económicas, el acto público sufrió un reclamo.

La apertura de las propuestas económicas se hizo el 9 de octubre.

Desde la apertura, se ha emitido tres informes por parte de la comisión evaluadora. Además, se han presentado cuatro observaciones y dos reclamos, con el último que lleva fecha de 8 de enero.

Se escogen tres empresas para recoger la basura en la capital por siete años y a costo global de $140 millones.