La solicitud de certificados de salud mental como requisito de acceso al empleo, a la educación o a cualquier trámite administrativo de carácter general ha quedado terminantemente prohibida en Panamá, de acuerdo con la Circular No. 083/DGSP emitida por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud.
En este sentido, el documento establece que únicamente en casos muy excepcionales y mediante análisis debidamente fundamentado se podrá solicitar una certificación, y solo cuando el puesto o actividad requiera condiciones excepcionales claramente vinculadas a la protección de la seguridad del trabajador o de terceros.
El objetivo de la medida es que los servicios especializados de salud mental concentren sus esfuerzos en intervenciones clínicas comunitarias y preventivas basadas en necesidades reales de salud.
De acuerdo con el Minsa, la emisión masiva de certificados para fines administrativos sin sustento clínico ni impacto sanitario contradice directamente los principios y el espíritu de dicha norma.
Agrega el Minsa que con estas solicitudes generales se desvían recursos especializados que deben destinarse a la atención de pacientes, a la prevención y a la promoción de la salud mental en la comunidad.
"Un certificado de salud mental describe el estado clínico de una persona en un momento específico y con un fin clínico. No tiene valor predictivo ni funciona como instrumento de selección, idoneidad o carácter moral de ninguna persona", indica el Minsa.
Además, recalca que ninguna evaluación psiquiátrica o psicología puntual puede funcionar como predictor de honestidad, desempeño laboral, idoneidad académica, comportamiento futuro ni cualidades personales. Su uso con estos fines es técnica y éticamente invalido.
La Dirección General de Salud Pública pidió a universidades, tanto públicas como privadas, así como a empleadores y diversas instituciones eliminar de forma inmediata la exigencia de estos documentos para procesos de ingreso, matrícula, contratación, ascensos o renovaciones de contrato.
La circular se fundamenta en la Ley No. 364 de 2023 y el Decreto Ejecutivo No. 61 de 2024 que desarrollan el derecho humano a la salud mental.
