Los cambios al sistema educativo panameño, para el exviceministro de Educación, Adolfo Linares, deben empezar por la renovación de la dirigencia magisterial que, con el paso del tiempo, se ha contaminado política e ideológicamente, olvidando que su principal objetivo es luchar por el bienestar de los estudiantes, a quienes, en los últimos años, han utilizado como "peones" en busca de sus propios intereses.
Sostiene que, para acabar con este "secuestro", una de las disposiciones que debe incluir la nueva ley es la prohibición de huelgas en el sector.
"No puede haber huelga ni interrupción en el sector educativo; se puede hacer huelga de hambre o con panfletos, pero no se pueden cerrar escuelas", subrayó a Panamá América.
Linares sustentó su sugerencia en que el derecho a la educación de los alumnos está por encima de cualquier otro, una garantía que los educadores han vulnerado en los últimos 5 años con la pérdida de casi 500 días de clases que serán difíciles de recuperar, afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje de las futuras generaciones.
Reiteró que las modificaciones a la normativa que proviene de la primera mitad del siglo pasado no pueden seguir esperando; por ello, es necesario que todos los actores estén dispuestos a llegar a consensos, dejando atrás pretensiones particulares para centrarse en quienes verdaderamente están perdiendo: los estudiantes.
"La dirigencia magisterial tiene que entender que es la primera que tiene que cambiar; ellos están para enseñar, no para hacer críticas ni para estar haciendo consignas ideológicas", afirmó.
Los docentes, a su juicio, deberían someterse anualmente a evaluaciones de productividad y capacidad que demuestren que su metodología va acorde a las necesidades del siglo XXI, eliminando por completo el sistema de capacitaciones al que están acostumbrados y que ha sido aprovechado por algunos para "llenar espacios con diplomas chimbos" sin que haya un resultado rentable para los estudiantes.
Este proceso les permitirá a las autoridades identificar las falencias de los educadores y tomar una decisión sobre su permanencia o no dentro de la institución.
"Todo docente que quiera enseñar en la educación pública tiene que pasar por un proceso de evaluación permanente. El que es bueno no se debe oponer a ser calificado", dijo.
El exfuncionario espera que los educadores, tras lo sucedido en medio de la discusión de reformas a la seguridad social, se sumen a los esfuerzos de mejorar el sistema educativo porque son una parte importante de esta estructura.
Indicó que se debe apostar también a que sean nuevamente respetados por los estudiantes, ya que algunos han perdido esta consideración por, precisamente, utilizarlos como "rehenes".
Otra modificación que debería incorporarse a la ley es la descentralización del sistema, facilitándole al Ministerio de Educación (Meduca) enfocarse en los planes de estudio para que se ajusten a las necesidades del mercado y realidad de las escuelas a nivel nacional, sin que ello implique mayor asignación presupuestaria, sino un cambio de raíz que, por ejemplo, garantice el aprendizaje del idioma inglés a los estudiantes.
Asimismo, propone que la construcción y equipamiento de centros educativos pase a las alcaldías y juntas comunales, que son quienes conocen con mayor rapidez y certeza las problemáticas de los ciudadanos.
El Meduca, en este caso, se desempeñaría como guía y no como administrador de la educación pública nacional.
80
años tiene la ley educativa panameña.
500
días de clases han perdido los estudiantes en los últimos cinco años debido a las huelgas docentes.
